Primero fue Tlatlaya. El 30 de junio de 2014, durante un enfrentamiento entre criminales y soldados, 22 de los primeros murieron y ningún militar perdió la vida. Semanas más tarde, se extendió la versión de que en Tlatlaya habrían ocurrido ejecuciones extrajudiciales. De hecho, ocho militares fueron procesados por este caso.
Después fueron los supuestos padres de los 43 normalistas. Este grupo exigió que se abrieran las puertas del cuartel de Iguala y que se interrogara a los militares. La exigencia la replicaron organizaciones de derechos humanos y otras voces interesadas en sacar raja política del caso.
Finalmente, llegó Tanhuato. A mediados de mayo pasado –en otro enfrentamiento entre militares y criminales–, murieron 43 supuestos delincuentes y, nuevamente, no cayeron policías. Sobra decir que al poco tiempo regresaron las versiones de una ejecución extrajudicial.
Poco a poco, se ha extendido la intención de poner en duda la labor del Ejército, de cuestionar su autoridad e incluso, hay quienes tratan de forzar a los militares a sumarse al absurdo circo de declaraciones y acusaciones en que está metido el gobierno federal.
Sin embargo, a pesar de que la PGR guardó silencio; a pesar de que la secretaría de Gobernación también guardó silencio y a pesar de que, en general, el gobierno de la República guardó silencio, el titular de la SEDENA levantó la voz.
Hace horas, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, recordó que ningún militar ha cometido un delito, que los soldados no deben recibir trato de delincuentes y que las fuerzas armadas rinden cuentas al Estado mexicano; no así a organizaciones internacionales o a grupos tripulados que dicen defender los derechos humanos.
Ya era hora que alguien lo dijera, ¿o no?
