Para el Doctor Cristopher Ballinas –académico del ITAM–, la promulgación de las leyes que respaldan el Sistema Nacional Anticorrupción es un gran avance.
Por primera vez, advirtió el experto, existe un sistema que combate a la corrupción de manera integral. Y es que finalmente se investigará, se perseguirá y se procurará justicia a los funcionarios públicos abusivos o tramposos del orden o nivel de gobierno que se quiera.
En opinión de Cristopher Ballinas, una de las bondades de este Sistema Nacional Anticorrupción consiste en reconocer que algunas áreas de gobierno son más sensibles que otras. Por ejemplo, las encargadas de las compras deberán rendir cuentas y presentar sus declaraciones 3 de 3 –para que la opinión pública pueda atestiguar la evolución del patrimonio de estos funcionarios–, mientras que otros espacios –que no manejan recursos públicos–, se tendrán que someter a otro tipo de escrutinio.
Estos matices son, en opinión de Ballinas, uno de los puntos fuertes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Aunado a la promulgación de las leyes, el presidente Peña Nieto pidió disculpas por las consecuencias nefastas de la llamada Casa Blanca.
Al respecto, Cristopher Ballinas señaló que Peña Nieto cometió dos aciertos importantes en el evento de la promulgación:
El primero fue pedir disculpas. Ya que, de haber justificado sus acciones o ignorado el problema, la opinión pública habría visto al Sistema Nacional Anticorrupción como más de lo mismo.
No obstante, cuando Peña asumió que la corrupción daña la imagen presidencial, entonces vistió de legitimidad el proyecto.
El segundo acierto fue uno estratégico: la renuncia de Virgilio Andrade.
Eso sí, la salida de Andrade podría ser vista como el relevo de un funcionario que –durante año y medio– no hizo lo que debía o no contaba con las capacidades que demanda el cargo.
Acaso por eso, Ballinas advirtió que no sería extraño que Virgilio Andrade aparezca en la terna de aspirantes a dirigir el Sistema Nacional Anticorrupción. Después de todo, al contar con el apoyo y el impulso del presidente, Andrade no aparecería como un fusible quemado –o un servidor público incapaz–, simplemente se entendería que salió de la secretaría de la Función Pública porque así lo demanda el marco legal y ahora que las reglas son otras, es necesario que cumpla con otros requisitos.
