Violencia y política social

Pablo Hiriart |
17-05-2017 09:45 AM

La violencia que ha escalado a niveles intolerables en Guerrero y otras regiones del país tiene dos fuentes que la nutren y es preciso revertir.

Primero, el cobijo político que reciben los criminales por parte de organizaciones no gubernamentales y de comunicadores que ponen sus simpatías del lado de los delincuentes con tal de dañar al Ejército.

Y la otra nutriente de la ola violenta que hay en el país es la ausencia de política social, pues ha sido eliminada por la tecnocracia gobernante.

Pasamos, como explicaba el lunes Sergio Sarmiento en Jaque Mate, del gobierno autoritario a uno ausente.

No hay Estado ahí donde precisamente debe sentirse, y mucho: garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos, y articular una política social que vincule a las comunidades en torno a tareas y valores más constructivos que proteger huachicoleros.

Claro, eso cuesta trabajo, demanda vocación social y (para algunos) es menos entretenido que hacer negocios.

En lo que toca al tema de seguridad, los sucesos recientes en Guerrero, más los asesinatos de periodistas en otros lugares del país, nos indican claramente quién es el enemigo: el narco y los grupos criminales.

¿Por qué no cerrar filas contra los criminales, en lugar de obstaculizar la tarea que se le ha encomendado al Ejército por la incapacidad de las autoridades civiles?

Si el gobierno quiere proteger la vida de los ciudadanos, como es el reclamo, tiene que aplicar mano firme.

Y no se puede hacer porque cuando interviene el Ejército, comentaristas profesionales y diletantes con intereses políticos (o avidez de reconocimiento social) en redes y periódicos lo culpan hasta de sus propias bajas.

Tenemos al Ejército y a la Marina en el fuego cruzado de los delincuentes y de organismos de derechos humanos que protestan cuando los muertos son del lado de los criminales.

El Estado debe tener el monopolio del uso de la fuerza, o no sirve.

Y es lo que estamos viendo: un Estado que ha perdido ese recurso exclusivo. De otro lado vemos a organizaciones no gubernamentales que dan cobijo social y político a los criminales cuando las fuerzas de seguridad hacen su tarea.

Así no hay remedio. Matan a periodistas y la culpa es del Estado por no actuar. Y cuando se enfrenta a los criminales, “muy mal que haya habido exceso de fuerza contra esos pobres ciudadanos”.

Contra los grupos criminales tiene que aplicarse toda la fuerza dentro de la ley, o perdemos el país. Gobierne quien gobierne.

Desde luego no se pueden aceptar actos como el del soldado que mató en el piso a un huachicolero en Palmarito.

Pero se entiende la presión a que están sometidos los soldados. Los emboscan para matarlos. No hay ley que los proteja. Comunicadores los rechazan con desprecio. No tienen derechos humanos. Y partidos oportunistas los acusan de asesinos. Ellos, a callar.

Duele constatar que a casi nadie le importe el soldado que fue muerto por la espalda en Palmarito. Era uno de los nuestros. Y los criminales, que también matan a periodistas y a defensores de los derechos humanos, gozan de cobijo político y social.

Si algo hay que exigirle al gobierno es más firmeza contra los criminales.

Y reprobar la ausencia de política social en el país, porque el gobierno cree saldar su compromiso contra la pobreza a través de un cheque al mes.

Con ese ingreso (que ciertamente ayuda), se bajan los indicadores internacionales que miden las distintas expresiones de la pobreza. Ya hemos visto que eso no basta.

El enemigo es el narco, y hay que ganarle pueblo. Sin política social, se lo están entregando.

Twitter: @PabloHiriart

 

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