Este lunes, El Financiero retomó la denuncia en contra de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, por la supuesta adquisición de propiedades en el extranjero.
A poco más de tres meses de que concluya su mandato, el priísta parece estar preparando su huida del país. Invirtiendo el dicho popular, “el que mucho debe, mucho teme”, y Duarte parece deber bastante.
De acuerdo con la publicación citada, Duarte y su esposa figuran en la lista de nuevos miembros del Woodlands Country Club, un fraccionamiento de lujo ubicado en Houston.El club cuenta con un campo de golf exclusivo, así como albercas, canchas de tenis, gimnasios y restaurantes. El valor de las propiedades en dicho fraccionamiento oscila entre los 400 mil y los 3.5 millones de dólares.
Al tiempo que Duarte adquiriría propiedades costosas para su gozo personal, las finanzas de Veracruz caen en un pozo cada vez más profundo. Expertos calculan que al término del mandato del actual gobernador, la deuda del estado podría ascender a cerca de 115 mil millones de pesos. Además, la administración de Duarte debe a más de 300 empresas y organismos de diversa naturaleza, entre las que destacan Telmex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e incluso la Cruz Roja.
Horas después de la aparición de la nota en El Financiero, Duarte negó –vía Twitter– haber adquirido propiedad alguna en el extranjero. Afirmó que su nombre aparece en la lista de socios del Woodlands Country Club debido a que compró una acción del mismo, más no un terreno.
Sin embargo, Duarte también negó en su momento la relación del gobierno de Veracruz con empresas fantasma. Días después se descubrió que al menos cuatro de ellas aparecieron en la lista de compañías a las que el estado adeuda 8 millones de pesos: se trata de empresas cuyo domicilio físico es inexistente, y que fueron contratadas por la Sedesol de Veracruz con el fin de proveer materiales de construcción para viviendas.
Ante tales hechos, la aceptación y credibilidad de Duarte se encuentran por los suelos, no sólo entre la opinión pública; también entre la clase política, pues su partido ya no lo respalda. Por ello, ante la cercanía del final de su mandato, el gobernador ha comenzado a buscar formas de protegerse. La primera fue la ley local anticorrupción que promovió con el fin de blindarse ante posibles demandas en su contra. Luego de que ésta fuera declarada inconstitucional, parece que el plan B de Duarte es huir del país.
¿Será que Duarte busca replicar el modelo seguido por su compañero priísta, Humberto Moreira? Ante las acusaciones en su contra por corrupción y malversación de fondos, el exgobernador de Coahuila salió del país en 2013 para continuar sus estudios a nivel de maestría y doctorado. Si bien Moreira es investigado en el extranjero y en alguna ocasión fue detenido, hasta ahora ha evitado pisar la cárcel y su culpabilidad no se ha comprobado.
¿Logrará Duarte disfrutar de la mansión de lujo que presuntamente adquirió en Houston? ¿O el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción encontrará pruebas en su contra por los asuntos de las empresas fantasmas y el enriquecimiento ilícito?
