El 30 de junio de 2014, un enfrentamiento entre criminales y soldados inició uno de los capítulos más penosos de este sexenio. El incidente es comúnmente conocido como Tlatlaya –por la localidad del estado de México en que tuvo lugar el choque violento–; y según reportes oficiales, el encuentro dejó 22 civiles muertos –todos supuestos delincuentes– y costó la libertad a ocho militares.
Durante meses, un grupo de intelectuales y periodistas defendieron la versión de que en Tlatlaya habrían ocurrido ejecuciones extrajudiciales. De ahí que los agentes involucrados fueron procesados y encarcelados. No obstante, en éste y otros espacios, defendimos la especie de que el verdadero montaje –y la tragedia real– de Tlatlaya es la manipulación de quienes intentaron hacer ver un crimen donde no lo hubo.
Y es que, en repetidas ocasiones, expusimos los argumentos y las evidencias que probaban que en Tlatlaya simplemente operó la eficacia y la eficiencia de los soldados. Contrario a lo que muchos defendieron, aquí siempre dijimos que Tlatlaya era un ariete político para lesionar la imagen y la credibilidad del gobierno federal. Y lo lograron.
Sin embargo, a casi dos años del enfrentamiento en Tlatlaya, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la libertad de los últimos tres militares encarcelados por este caso. Es decir, que la justicia confirmó lo que aquí dijimos desde un inicio: que en Tlataya, la autoridad hizo su trabajo y no cometió los actos barbáricos de los que tanto se habló.
¿Qué dirán ahora los que exigieron renuncias y disculpas públicas por un hecho que, evidentemente, no las ameritaba? ¿qué dirán ahora los malquerientes del gobierno federal? ¿acaso serán ellos quienes se disculpen ahora?
A continuación reproducimos las columnas en que comentamos el caso Tlatlaya y expusimos las pruebas del montaje.
TLATLAYA: EL FRACASO.
Publicado el 28 de septiembre de 2014
El caso Tlatlaya apunta a convertirse en uno de los grandes fracasos del Estado mexicano y de las instituciones castrenses y las responsables de perseguir y castigar los delitos. ¿Y por qué un fracaso?
Porque podría confirmar que en el México democrático que pregonan tirios y troyanos siguen existiendo la tortura y las ejecuciones extrajudiciales; porque podría revelar que al regreso del viejo PRI al poder presidencial también regresaron algunas de las peores prácticas de las fuerzas castrenses y, por si fuera poco, porque no queda duda que la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos no sirve para nada.
Y es que luego de las dudosas versiones sobre el supuesto enfrentamiento entre militares y criminales en Tlatlaya –el pasado 30 de junio–, y de una saludable reacción de esa institución fundamental de la democracia llamada “Opinión Pública”, hoy prácticamente es un hecho que un grupo de militares no sólo enfrentó a un puñado de presuntos criminales en Tlatlaya, sino que habrían sido sometidos, torturados y ejecutados por los militares.
¿Por qué los habrían ejecutado? ¿Quién mintió? ¿Por qué y para qué mentir? ¿A quién protegen? ¿Quién solapó a militares presuntos responsables? ¿Por qué los mandos castrenses medios y altos ocultaron el hecho durante casi tres meses? ¿Quién ahbría ordenado matar en caliente a los presuntos criminales? ¿Se trató de una orden de arriba? ¿Se manda sola la tropa y/o el oficial que los comanda? ¿En qué punto se rompió la disciplina y el protocolo militares? ¿Quiénes son responsables de esa grave falla en el mando militar? ¿A poco ningún superior jerárquico se enteró de esa grave irregularidad? ¿Quién o quiénes dieron la orden de dejar hacer y dejar pasar una falta que daña gravemente al Estado y al gobierno federal? ¿Por qué el Ministerio Público solapó una grave violación militar? ¿Por qué los civiles involucrados no dieron la voz de alarma..?
HECHOS Y REACCIONES.
Hasta hoy nadie tiene una respuesta convincente a las interrogantes; nadie sabe hasta donde llega el nivel de responsabilidad, la recurrencia de ese tipo de violaciones y nadie sabe si serán castigados no solo los que habrían disparado, sino sus jefes y aquellos que los solaparon.
Lo que si sabemos es que frente al surgimiento de evidencias que parecen contundentes, la Secretaría de la Defensa reaccionó antes de que fuera demasiado tarde y se apresuró a detener, arraigar y presentar ante la autoridad competente a un puñado de militares presuntos responsables del crimen colectivo. Pero también aquí se debe preguntar. ¿Por qué la reacción de la Sedena como control de daños y no antes, como parte de la responsabilidad con la justicia?
Lo que si se sabe es que gracias a las reformas en materia penal, los militares presuntos responsables no serán juzgados por tribunales militares, sino que deberán enfrentar la justicia civil, en donde las cadenas de mando que durante tres meses habría solapado a los presuntos responsables ya no tendrán la influencia para seguir tapando el presunto delito.
Lo que si se sabe es que todos los niveles de autoridad involucrados en el enfrentamiento de militares y criminales en Tlatlaya –y/o todos aquellos que conocieron del hecho–, hicieron todo para ocultar la verdad de los hechos. Y por eso de nuevo vale preguntar. ¿Por qué la cadena de complicidad? ¿Es una práctica común entre militares? ¿Por qué habremos de creer que es un hecho aislado? ¿En cuántos casos como Tlatlaya está involucrada la Sedena, la Armada, la Policía Federal?
EL DAÑO…
También sabemos que el caso Tlatlaya golpea de manera frontal la imagen, la credibilidad y la confianza social en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es que a pesar de las promesas presidenciales de que no regresaría lo más cuestionable del viejo PRI, los hechos de Tlatlaya dicen que está presente el PRI represor y autoritario.
Tlatlaya golpea al gobierno federal porque –casualmente–, al tiempo que el presidente mexicano es reconocido en buena parte del mundo por las grandes reformas estructurales, su gobierno es cuestionado por los más importantes organismos defensores de derechos humanos en el mundo, que ven el caso Tlatlaya como un severo revés del gobierno del las grandes reformas.
Acaso por esa razón –y a manera de control de daños–, el secretario de Gobernación matizó sobre la posibilidad de que en Tlatlaya las fuerzas armadas pudieran haber cometido excesos criminales “que serían aislados”, según dijo Miguel Osorio.
Sin embargo, el mayor daño que provocó el caso Tlatlaya a las instituciones del Estado, golpea por debajo de la línea de flotación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es que a partir del regreso de los gobiernos del PRI, la CNDH se convirtió en grosera tapadera de los excesos de la Sedena, la Marina Armada y la Policía Federal.
Y ese sometimiento deliberado fue ordenado por el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, quien hizo todo –incluso atentar contra la independencia y la credibilidad de la CNDH–, para conseguir el favor presidencial y, con ello, lograr la reelección en el cargo. Pero el caso Tlatlaya confirma que el peor daño que le puede hacer una CNDH sometida al gobierno en turno es la sumisión. Si el Ombudsman hubiese hecho su trabajo, el golpe al gobierno habría sido manejable.
Y LA VIRTUD.
Pero también hay buenas noticias. La duda sobre lo ocurrido en Tlatlaya partió de un grupo de intelectuales mexicanos comprometidos, a los que siguió un grupo de opinadores responsables. Luego vino la prensa extranjera –que escuchó a esos intelectuales y a esos opinadores–, y que investigó e hizo lo que no realizó la prensa mexicana.
Al final, esa saludable institución de la democracia, conocida como “Opinión Pública”, volvió a demostrar su vigencia y que no importa si se trata de un gobierno del PAN, del PRD o del PRI, la duda siempre debe estar presente al conocer los actos de gobierno. Y es que sean los gobierno de Peña Nieto, de Calderón o de AMLO, siempre tratarán de ocultar, a los ojos ciudadanos, lo malo y lo feo de sus acciones.
Pero la saludable institución de la “Opinión Pública”, también demostró que el peor enemigo de un gobierno es el fanatismo, la complacencia y la simulación social. Y es que justificar hoy las fallas del gobierno de Peña Nieto, así como justificar los errores cometidos en su momento por los gobiernos de Calderón o de AMLO, es veneno puro para la democracia mexicana. Ya no son tiempos de solapar a ningún gobierno, sea por fanatismo, sea por complacencia. Al tiempo.
Quincena trágica; fin a luna de miel
Publicado el 12 de octubre de 2014.
En poco más de dos semanas, la terca realidad se encargó de poner fin a la “Luna de miel” del gobierno de Enrique Peña Nieto con los mexicanos y con el mundo. Más aún, ya se moteja como “la quincena trágica”, el derrumbe de la tramoya sobre la que se montó el éxito espectacular de un mandatario que llamó la atención del mundo gracias a las grandes reformas aprobadas en su corta gestión.
Pero la terca realidad de la impunidad y la ingobernabilidad que imperan en los tres órdenes de gobierno y en los Tres Poderes –incluyendo a partidos políticos–, opacó el maquillaje en la gestión de Peña Nieto, cuyo gobierno pasó en pocas horas de ser ejemplo global de cambio y modernidad, a una imagen de gobierno autoritario, capaz de violentan de violentar los derechos humanos y de serias fallas en los aparatos para impartir y procurar justicia.
Y es que los escándalos de Tlatlaya –en donde militares mataron a 22 criminales que se habían rendido–, de Iguala, –en donde policías municipales ligados a bandas criminales mataron y secuestraron a normalistas–, y el paro en el IPN –donde más que negociar el gobierno federal rindió la plaza para no chocar con los estudiantes y sus tripulantes–, exhibieron los tres problema endémico del Estado mexicano; la impunidad, por un lado, la ingobernabilidad, por el otro y que en la práctica no existen los poderes municipal y estatal.
Pero acaso lo más grave es que esas deficiencias del Estado mexicano, y sus secuelas de barbarie que han escandalizado al mundo, hacen ver a “las grandes reformas estructurales” –aprobadas en los primeros dos años de la gestión de Peña Nieto–, como pequeños pasos, aún insuficientes y muy lejos de los verdaderos cambios que reclama el país.
Sin embargo –y según especialistas–, el fondo real de los problemas que desencadenaron la barbarie en Tlatlaya y en Guerrero y que prendieron los focos rojos en la última institución de educación pública que aún genera egresados de alta calidad –como es el IPN–, se localizan en el fracaso de las políticas públicas para la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones del Estado y, como resultado, la desconfianza social hacia cualquiera de las instituciones.
IMPUNIDAD.
Como se sabe, en el caso de los 22 presuntos narcotraficantes que fueron masacrados por un puñado de efectivos militares, no sólo falló la disciplina castrense; no solo existe una falta grave en la rendición de cuentas de los enfrentamientos entre militares y criminales, sino que distintas instituciones de los niveles municipal y estatal y dependencias federales, como la PGR, también fueron omisas.
¿Por qué un militar, como los que masacraron a los criminales localizados en Tlatlaya, no respetó el protocolo militar? ¿Cuántos casos como el de Tlatlaya se habrán producido, durante cuánto tiempo? Queda claro que si un militar actúa como lo hicieron los que mataron a los 22 presuntos criminales, lo hace porque saben que el acto ilegal que cometió quedará impune; no solo para en el caso del que disparó, sino para toda la jerarquía militar responsable. Y si hacemos memoria, recordaremos que si no es por un grupo de intelectuales mexicanos, por la prensa internacional y, al final, por la prensa mexicana, el crimen de Tlatlaya habría quedado impune.
Pero si en Tlatlaya fallaron la SEDENA, el gobierno federal, el estatal y hasta el municipal; además de la PGR y la CNDH, en Iguala también fallaron los gobiernos municipal, el estatal y el federal; fallaron el Congreso local, el Congreso de la Unión, el gobierno federal a través de la PGR y de Gobernación, la CNDH, el CISEN, el Poder Judicial; además de los partidos que postularon como alcalde José Luís Abarca; PRD, PT, MC y sus respectivos líderes. Es decir, en Iguala falló todo lo que pudo haber fallado.
Pero la pregunta clave está en otro lado. ¿Por qué fue posible que a lo largo de una década naciera, creciera y llegara a su momento estelar un alcalde que era un criminal, que debía muchas vidas, que era bien visto por todos en las izquierdas y que, según distintos testimonios, repartía mucho dinero para hacer política?
Pues fue posible porque José Luís Abarca se sabía impune; gozaba de la protección del gobierno estatal, del PRD, de Morena, del PT. Era impune porque en el Congreso local lo “apapachaban”; porque René Bejarano utilizó su caso con fines políticos. Es decir, el alcalde Abarca, de Iguala, nació, creció y mató, al amparo de la impunidad que todos le regalaron
INGOBERNABILIDAD.
Pero además, está claro que en estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, los respectivos mandatarios estatales no gobiernan. Es decir, se cumplen todas las premisas de la ingobernabilidad, ya que el poder dominante es otro distinto al de la figura institucional. En Oaxaca manda la CNTE. En Michoacán mandan los Templarios, la CNTE y los normalistas. Y en Guerrero mandan la CNTE, los grupos guerrilleros, los normalistas y las bandas criminales. Cada una en su respetivo centro de influencia.
Lo ocurrido en Iguala –en donde manda el crimen organizado–, es producto de la ausencia de gobiernos municipal, estatal y, claro, del gobierno federal. ¿De verdad Gobernación, el Cisen, la PGR, el PRD, el PT, el Congreso de la Unión, el Congreso local… no sabían que el Iguala mandaba el crimen organizado? Pues sí, esa ausencia institucional provocó la tragedia. Y eso se llama ingobernabilidad.
CLAUDICACIÓN.
Pero la quincena trágica del gobierno de Peña Nieto se cumple con el “paro loco” del IPN. Lo primero que se tiene que decir es que el activismo perverso de la CNTE en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, además del “paro loco” del IPN, son la mejor evidencia del fracaso de la reforma educativa. Pero además, está a la vista el fracaso táctico del “diálogo de templete” y la “legitimación” del movimiento politécnico, a sabiendas de que es tripulado por AMLO y sus poderes fácticos.
Por lo pronto, el IPN se pudrió. ¿Por qué? Porque en los hechos el paro es el secuestro de todo el IPN. Y ante el secuestro de miles de estudiantes, que perderán no solo un ciclo escolar sino su futuro, AMLO y el gobierno federal se enfrascarán en una lucha sorda y ciega que terminará con chantajes para la elección de 2015.
Es decir, AMLO aceptara dejar en libertad al IPN, a cambio de diputaciones y espacios de poder, sobre todo en el DF. Y mientras tanto, el gobierno federal claudicó, antes que asumir su responsabilidad como autoridad. En la práctica, los poderes fácticos reventaron las reformas estructurales. ¿Revenarán al gobierno de Peña? Al tiempo.
TLATLAYA, LA INJUSTICIA
Publicado el 12 de noviembre de 2014
No, cuando hablamos de la “injusticia” cometida en Tlatlaya, estado de México, no nos referimos a la supuesta o real ejecución extrajudicial que habrían cometido militares, contra delincuentes. No, en realidad nos referimos a la posibilidad de que los militares sean víctimas de una injusticia. Sí, por increíble que parezca.
Y es que para nadie es nuevo que los actuales son tiempos en donde “lo de hoy” es el odio maniqueo en contra de instituciones del Estado, sea el Ejército, la Marina o las distintas policías. Más aún, es casi un pecado sólo imaginar que en casos como el de Tlatlaya –-en donde se enfrentaron criminales y militares, con saldo de 22 muertos del primer bando–, se pudiera cometer una grosera injusticia. Para muchos esa sola idea es un sacrilegio.
Sin embargo, y a pesar de que es “políticamente incorrecto” –en tiempos de odio maniquéo–, otorgar el beneficio de la duda a militares, marinos o policías, preferimos correr el riesgo porque la historia que escuchamos –del familiar de uno de los militares detenidos–, merece la duda razonable.
Lo platicamos en primera persona, como lo escuchamos.
“La noche de la balacera (30 de junio) el teniente de la unidad nos pidió alistarnos para un patrullaje. No se por qué solo se alistó una unidad, cuando en esos casos siempre salen dos de siete elementos cada una, como lo pide la regla. Cuando llegamos al lugar de la denuncia (San Pedro Limón, Tlatlaya), bajamos del vehículo y apenas empezábamos el despliegue y nos recibieron a balazos. Eran como las cuatro de la mañana
“Los delincuentes usaban armas de alto poder; ráfagas como de “Cuerno de Chivo” y como de AR-15, por el tipo de percusión. Era de noche y no sabíamos bien de donde venían los disparos. No sabíamos cuantos eran, si sembraron una emboscada… Por las ráfagas supimos que eran bastantes. No se cuanto tiempo pasó, pero escuchamos que de ellos cayeron muchos. No se cuantos; ellos mismos gritaban que le habíamos pegado a uno, otro…
“En un derrepente, el paramédico nuestro cayó. Sólo escuchamos un quejido. Quedó como muerto, con la cara pá arriba. Lo ayudaron el de trasmisiones, lo ayudó el chofer y creo que el oficial. Le habían pegado en el pecho y en un hombro, del que salía sangre a chorros. Parecía muerto. Para vigilar y cubrir a los tres que lo ayudaron se sumó uno de vigilante, porque creímos que se nos iban a venir los denfrente, si veían que había caído uno de los de nosotros.
“Los otros tres parapetamos el fuego… Creo que iba con nosotros el sargento. Avanzamos cubriéndonos a lo que parecía una bodega, de donde salían las ráfagas. Siempre gritando ¡Ejército mexicano..! ¡Ríndanse… están rodeados..!
“Luego todo se quedó callado… No había movimiento, nada se oía ni se veía… Seguimos gritando ¡Ejército mexicano..! ¡Ríndanse..! Luego se escuchó algo, como gritos. “¡Ya ya ya..! Ya párenle”…
“No se cuanto tiempo, todo se quedó callado. Algo decían los criminales, como en secreto… Gritamos “¡Ejército Mexicano… ríndanse!” Y volvieron a decir, “Ya… ya párenle..” Pero luego corrieron y se oyó que trataron de accionar armas… No se veía nada y no sabíamos si venían contra nosotros… Volvimos a disparar ya en la puerta de la bodega…
“Pasó rato… y ya no oímos nada… De a poco entramos, inspeccionamos a uno por uno, para ver si no estaban poniéndo una trampa. Vimos que todos estaban como abatidos… Con el pie pateas las armas y luego volteas el cuerpo y ves que ya no estaban vivos… Luego encontramos a tres mujeres escondidas. Salieron y dijeron que las tenían secuestradas. Pero no tenían nada que dijera que las tenían privadas de la libertad. Por eso las entregamos al MP.
“El paramédico nuestro aún estaba vivo. La bala del pecho le pegó al chaleco y por eso perdió la conciencia. Se desangraba del hombro. Ya se había pedimos ayuda y luego nos retiramos”. Hasta aquí la versión de un ciudadano que dice que su familiar, un soldado de hoja impecable, hoy está en prisión, por combatir a los delincuentes.
A su vez, el procurador mexiquense Alejandro Gómez, expuso una vez más, que esa procuraduría no ocultó nada porque no tenía nada que ocultar, lo que coincide con la narración.
Los testimonios fueron recabados el jueves y viernes de la semana pasada. Casualmente, el pasado lunes, el titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos, habló del tema cuando dijo que los militares no se amedrentan “por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, mal intencionados, que la institución no merece”. ¿Casualidad? ¿Quién miente? ¿Por qué un sector social trata mejor a los criminales que a los militares? Al tiempo.
¡DÉJENSE MATAR, PARA QUE LES CREAN!
Publicado el 27 de mayo de 2015.
En el Itinerario Político del 12 de noviembre de 2014 divulgamos el testimonio de un militar presunto responsables de la ejecución extrajudicial de narcotraficantes en Tlatlaya.
Dimos valor al testimonio luego de consultar a especialistas forenses que, en el lugar de los hechos, dieron crédito la versión. Por eso –y a riesgo del insulto–, publicamos el testimonio a pesar der que –como también dijimos ese 12 de noviembre–, “lo de hoy es el odio maniqueo contra instituciones del Estado como el Ejército, la Marina y la Policía Federal”.
La narración de la refriega –de la madrugada del 30 de junio de 2014–, resulta escalofriante, sobre todo porque confirma que a cada paso los efectivos federales se juegan la vida ante los criminales. Pero también indigna que a pesar de ese riesgo, para un sector social estimulado por el odio al régimen, los militares, marinos y policías son la moderna versión de “perros del mal” cuya vida no merece una lágrima o un responso cuando son masacrados por criminales. Militares, marinos y policías son crucificados si un medio o un supuesto especialista insinúa que violaron los derechos humanos de los criminales.
Por eso, al final del Itinerario Político de esa fecha preguntamos: “¿Por qué un sector social trata mejor a los delincuentes que a los militares?”
Está claro que detrás del grosero montaje en Tlatlaya existe interés por debilitar las instituciones y al gobierno federal; interés idéntico al mostrado por el montaje conocido como “No más Sangre” durante la gestión de Calderón –que nunca más apareció una vez que Felipe dejó el gobierno–, y que buscaba el mismo fin; debilitar y tirar al segundo gobierno azul.
Lo curioso es que casi un año después la historia se repite y nos da la razón.
Como saben, otro choque entre militares, policías federales y criminales se produjo el viernes 22 de mayo, en Tanhuato, Michoacán, con un saldo mortal de 42 presuntos criminales y un policía federal.
Horas después, en el Itinerario Político del domingo 24 advertimos la posibilidad de que –otra vez–, aparecieran voces de supuestos expertos que sembrarían dudas sobre el operativo y –de esa manera–, descalificarían la eficacia federal. ¿Y qué creen?
En efecto, el lunes 25 reaparecieron los mismos sembradores de odio contra el régimen –entre muchos otros con preocupación legítima–, que sin el más elemental rigor periodístico e ignorantes de los básicos forenses –y a partir de descodadas elucubraciones–, inventaron desde una venganza hasta la ejecución extrajudicial.
Anoche aún seguían las especulaciones locuaces, en medio de una respuesta oficial altamente deficiente; incapaz de explicar a los ciudadanos que con el crimen organizado se libra una guerra y que los criminales no disparan pistolas de agua o misiles de pintura.
El resultado del enfrentamiento en Tanhuato mostró idéntica mecánica que en Tlatlaya. Es decir, abatieron a los criminales con pocas bajas federales. ¿Y por qué? Por una razón elemental; porque militares, policías y marinos son profesionales de la violencia legítima, preparados para abatir a los antisociales, mientras los sicarios del crimen son improvisados.
Aún así, impera un círculo perverso. Si los federales no pueden contra las bandas criminales, malo. Si los cárteles criminales derriban un helicóptero, malo. Pero si hacen bien su trabajo, ejecutaron a los criminales.
Por eso, con sorna corres un estribillo en la Policía Federal: “¡Déjense matar, para que les crean!”. Al tiempo.
¿No que no? Montaje, la supuesta ejecución de Tlatlaya
Publicado el 6 de octubre de 2015
En el Itinerario Político del 27 de mayo de 2015 dijimos que ante los testimonios que cambiaron no una ni dos, sino cuatro o cinco ocasiones, “está claro que detrás del grosero montaje mediático del caso Tlatlaya existe interés político por debilitar las instituciones del Estado”.
También dijimos que las autoridades militares urgieron al Poder Judicial Federal para emitir el fallo sobre Tlatlaya, ya que era evidente que ante la falta de pruebas, el juez de la causa retrasaba el caso de manera deliberada, ante el temor de ser víctima de un juicio mediático.
Ayer, finalmente un juez federal –no militar–, ordenó liberar a cuatro de ocho militares presuntos culpables de la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, en tanto que tres militares más permanecen presos en calidad de presuntos responsables de la supuesta ejecución extrajudicial.
Sin embargo, todo indica que los militares detenidos correrán la misma suerte que los liberados. ¿Por qué? Porque según especialistas del caso las pruebas en su contra son endebles; porque son declaraciones que cambiaron hasta en cinco ocasiones y porque otras son versiones periodísticas plagadas de supuestos.
Lo cierto es que no se requería ser jurista para descubrir que el caso Tlatlaya se montó con sólo notas periodísticas y supuestos de un reportero que imaginó una ejecución extrajudicial, pero que ningún perito y menos un experto pudo probar. No existe en el expediente una sola pericial seria.
Más aún, hoy es posible probar que detrás del montaje de Tlatlaya están las mismas organizaciones no gubernamentales que tripulan el caso de “los 43” de Iguala. Y si lo dudan basta echar una mirada al informe parcial, nada serio, tramposo y hasta chabacano que el 2 de julio de 2015 emitió el Centro ProDH; organización propiedad de Emilio Álvarez Icaza, que engañó con el cuento de que los efectivos militares habían recibido la orden de exterminar de noche a los integrantes del crimen organizado.
El Centro ProDH es el mismo que tripula y mantiene secuestrados a los padres de “los 43” de Iguala; el mismo que controla la información sobre el caso de los normalistas, el mismo que “pastorea” a los dizque expertos de la CIDH y el mismo que recibe jugosos dividendos de organizaciones extranjeras interesadas en desestabilizar gobiernos democráticos, como la Open Society Foundations, del magnate interesado en el petróleo mexicano, George Soros.
El Centro ProDH es el brazo operativo de Emilio Álvarez Icaza, a quien Soros impulsó a la CIDH. Y el Centro ProDH es la organización que cooptó, financió e instruyó a las tres mujeres que sobrevivieron al enfrentamiento entre militares y narcotraficantes en Tlatlaya –que casualmente no fueron asesinadas–, pero que de manera repentina acusaron a los militares de haber ejecutado a los integrantes de una banda del crimen organizado a la que pertenecían.
Pero resulta que esas tres mujeres –prostitutas de profesión–, no fueron instruidas de manera adecuada por el Centro ProDF y cambiaron su declaración no es una, ni dos o tres veces… sino en cinco ocasiones. Por eso, el juez determinó que esas declaraciones y el deficiente expediente del Ministerio Público eran claramente insuficientes para inculpar a los militares.
El revés judicial en Tlatlaya exhibe el engaño, a los mentirosos y a quienes debilitan las instituciones. Pero también exhibe que detrás de Tlatlaya y del “los 43” está una mano extranjera; la CIDH y la Open Society Foundations.
¿Qué dirán ahora? Al tiempo.
