Tiro de gracia en Palmarito

Francisco Garfias |
11-05-2017 08:10 AM

El video del diario Cambio, de Puebla, nos llegó ayer a las 7:39 AM. “Militares Ejecutan con tiro de gracia en Palmarito”, dice el título del documento.

Las imágenes duran un minuto 59 segundos. Fueron captadas desde una cámara de seguridad particular, la noche del 3 de mayo, en esa localidad poblana.

No sabemos si fue editado o no. Un colega de ese estado nos lo envió.

La videograbación, reproducida posteriormente en redes sociales, muestra condenables escenas que tienen a los militares, otra vez, en la mira de la CNDH: la ejecución, a sangre fría, contra uno de los individuos que detuvieron la noche del 3 de mayo, en un operativo contra huachicoleros, tras dispararle al vehículo en el que circulaban.

Se capta, incluso, el momento en el que los soldados intentan borrar las huellas del homicidio desmontando la videocámara.

El colega poblano confirmó que el muerto se llama Raúl Jiménez Martínez, de 47 años., “Entrevistamos a los papás. Dicen que era campesino”, nos comenta la fuente.

Una voz en off acompaña el desarrollo de las escenas en el video difundido por Cambio. “La policía militar emuló el caso Tlatlaya en Puebla”, dice.

En los enfrentamientos entre soldados y huachicoleros en Palmarito Tochapan, usted lo recuerda, hubo diez muertos, cuatro de ellos militares. 

  •  Ya lo había advertido el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, al referirse a la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles y en labores de la policía:

Los soldados no fueron formados para perseguir delincuentes y, por lo mismo, el riesgo de violaciones a los derechos humanos es permanente.

Eso, sin embargo, no le quita responsabilidades al Ejército en caso de que se corrobore que es real la ejecución que aparece en el video.

El Poder Legislativo tiene asignaturas pendientes también. Es la hora que no legislan la famosa Ley de Seguridad Interior que marcaría los límites a los que puede llegar la tropa en esas labores de cazanarcos que les impuso el ahora expresidente Felipe Calderón, casi al inicio de su mandato.

Esa ley daría un marco legal a esas actividades. Por eso ha creado tanta resistencia entre defensores de los derechos humanos.

El video que nos enviaron no muestra los momentos en que el personal militar es agredido con disparos de armas de fuego desde diversos vehículos, como afirma la Sedena.

Pero un segundo video, difundido en El Sol de Puebla, muestra, efectivamente, cuando un soldado es asesinado por la espalda y casi es atropellado por vehículos de civiles. 

La Secretaría de la Defensa dijo en un comunicado que se compromete a colaborar “en todo lo necesario” con la PGR para deslindar las responsabilidades que correspondan.

“Bajo ninguna circunstancia pueden justificarse conductas contrarias a la ley y a los derechos humanos, por lo que, en caso de acreditarse, deben de ser sancionadas con todo rigor”, puntualiza el texto.

La Fiscalía de Justicia Militar realizará investigaciones por lo que hace a delitos de orden militar que pudieran haberse cometido, puntualiza.

Ya lo dijo el senador Miguel Barbosa: “Lo que este hecho va a provocar es un ambiente de descontento, de rechazo, sobre el comportamiento militar en acciones de seguridad pública”.

  •  La videograbación que dio a conocer el  diario Cambio y otras ya están en manos de la CNDH. El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, le entró de lleno al caso. Se abrió un expediente de queja y se enviaron visitadores adjuntos a la Fiscalía General de Puebla. La Comisión sacó ayer un comunicado:

“La CNDH reprueba todo hecho violento que esté fuera de la ley, independientemente de quien provenga, y reitera la necesidad de que todas las investigaciones que se realicen cumplan con los objetivos de objetividad, imparcialidad y exhaustividad, para evitar incurrir en violaciones a los derechos humanos y se propicie que, efectivamente, se llegue a la verdad”.

  •  Medio millón de pesos es la cantidad  que Eva Cadena metió en “la bolsita” que pidió para guardar el dinero que supuestos empresarios de Coatzacoalcos le dieron para apoyar el movimiento de López Obrador y que aparece en el primero de los tres videos que dieron fama a la llamada #ladyrecaudadora. 

Medio millón de pesos es lo que le costó el amparo que le concedió un juez  federal a la excandidata de Morena a alcaldesa de Las Choapas para no ser detenida en caso de desafuero.

Así de fácil.

¿Y el resto de la lana que recibió?

  •  La lucha de Héctor Gandini, abanderado del #noaldobleremolque, avanza “dejpacito”, como diría El Peje.

El Pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó un punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado para que armonice la Ley de Caminos y Puentes Federales y Autotransporte Federal a los estándares internacionales en lo relativo al peso y dimensiones de estos vehículos que han segado tantas vidas y han destrozado la infraestructura carretera.

El punto de acuerdo, presentado esta semana por el panista Héctor Mendizábal, recuerda que en el Congreso federal hay ocho iniciativas para regular los dobles remolques, pero que grandes intereses las tienen congeladas en comisiones.

  •  Nos llegó una queja en contra de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar). Fuentes vinculadas a esa actividad acusan a su titular, Carlos Ramírez, de permitir a cuatro afores —Profuturo GNP, Sura, XXI Banorte y Principal— prácticas monopólicas absolutas en el tema del ahorro de los trabajadores. 

“Afortunadamente ya fueron detectadas y sancionadas por la Cofece, pero sin duda amerita investigaciones más a fondo y castigos más severos”, puntualizan.

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