En los próximos días, el presidente Enrique Peña Nieto enviará al Senado las dos ternas de aspirantes a ocupar un asiento en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como seguramente sabe, el Senado de la República deberá evaluar, discutir y eventualmente aprobar a las dos personas que se incorporarán al máximo órgano del Poder Judicial mexicano.
En este contexto, un grupo de activistas sociales –los mismos de siempre–, ya circulan la especie de que el presidente favorecerá a sus cuates, de que el presidente pagará cuotas con los asientos en la Corte y de que el presidente no favorecerá la equidad de género.
Sin duda, los “abajofirmantes” podrían tener razón. Es probable que el presidente Peña –fiel a su costumbre–, intente acomodar a sus cercanos. Es probable que Peña siga pagando cuotas y es probable que el mandatario intente meter la mano en la Corte.
Sin embargo, es importante señalar dos aspectos:
El primero, que buena parte de quienes ahora se dicen preocupados por la designación de los dos nuevos ministros son los que antes se dijeron preocupados por el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón; por la patraña de los 100 mil muertos del presidente; por la versión traposa de que Peña Nieto no sabe leer; por la cantaleta de que en Iguala “fue el Estado” quien desapareció a 43 normalista y un largo etcétera.
Es decir, que se trata de los mismos de siempre, haciendo lo que mejor saben hacer: ruido.
Pero hay más. En entrevista para La Otra Opinión, el reconocido constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas explicó que el error de estos alborotadores es de otra naturaleza.
Más allá de los eficaz o inútil de sus movilizaciones en redes sociales, lo que estas personas deberían hacer –según el experto–, es promover una reforma constitucional para evitar que el Poder Ejecutivo meta la mano en el Poder Judicial.
De lo contrario, equivocarían el camino.
Para Raúl Carrancá, el camino adecuado sería eliminar al presidente de la ecuación y diseñar un órgano colegiado con la capacidad de sugerir al Senado quiénes deberían ocupar un asiento en la Corte y, eventualmente, el Senado avalaría o desecharía la propuesta.
En este contexto, concluyó el experto, se eliminarían los vicios de origen en el proceso de selección de los ministros de la Corte.
De lo contrario, si algunos insisten en acorralar al presidente y en construir escenarios para apoyar a sus cercanos, entonces, en los hechos, harían exactamente lo mismo que cuestionan.
