Senador Albores, al banquillo

José Contreras |
01-05-2017 07:00 AM

En algo inédito, dos instituciones del Estado mexicano investigan las prácticas de acarreo en que incurrió el equipo del senador del PRI por Chiapas, Roberto Albores Gleason, el pasado 22 de abril.

El acarreo de personas hacia los actos políticos es una muy añeja práctica patentada por el PRI, pero que fue clonada por el resto de los partidos con la llegada de la pluralidad.

Todos los partidos, sin excepción, acarrean ciudadanos hacia eventos proselitistas mediante la entrega de incentivos o mediante el uso de los programas sociales institucionales. El partido que esté libre de practicar el acarreo, que tire la primera piedra.

Lo interesante es que por primera vez la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales (Fepade) investigarán las acciones de acarreo en las que se vio involucrado un senador de la República.

El pasado 22 de abril, beneficiarias del programa Prospera denunciaron en pleno acto público que fueron obligadas a asistir al informe de labores del senador del PRI, Roberto Albores Gleason, que tuvo lugar en Tuxtla Gutiérrez.

La denuncia pública de las mujeres provocó un zafarrancho en el que llevaron la peor parte dos periodistas, quienes fueron golpeados y retenidos por gente del senador, por tomar registro de la queja.

La denuncia de las beneficiarias llegó hasta la delegación de la Sedesol en Chiapas y de ahí fue turnada a la Secretaría de la Función Pública, mientras que la Fepade tomó nota de la queja y a partir de ella abrió una investigación.

El acarreo de Tuxtla Gutiérrez le saldrá muy caro al senador. De entrada, el pasado fin de semana tuvo que cancelar una serie de eventos en distintos municipios de Chiapas, durante los cuales rendiría “informes regionales”.

Cuando Albores intente realizar algún otro evento público tendrá que pensarlo tres veces antes de volver a recurrir a la vieja práctica del acarreo, pues todos los ojos estarán sobre él.

¿Será capaz el senador Albores Gleason de juntar algo de gente de manera espontánea, sin recurrir ni a la coacción ni al acarreo?

Esa pregunta es importante, pues el senador Albores pretende –o pretendía, ya no sabemos si aún pretenda--  buscar la candidatura del PRI al gobierno de Chiapas el próximo año.

Si en una de ésas Albores –quien es hijo del ex gobernador Roberto Albores Guillén--  llega a ser candidato, ¿Hará campaña sin acarreados?

El resto de los partidos usará acarreados, de eso no hay duda, pero Albores ya estará estigmatizado y deberá tener mucho cuidado para que no se repita el sainete del pasado 22 de abril.

Claro, eso, en el supuesto de que él sea el candidato del PRI, pues falta saber hasta dónde le pegarán las investigaciones que realizan la SFP y la Fepade sobre el vergonzoso acarreo de Tuxtla Gutiérrez.

El acarreo, como dijimos líneas arriba, es una práctica generalizada. Pero no por eso deja de ser nefasta. A través del acarreo los partidos políticos lucran con la necesidad de los beneficiarios de programas sociales y con la pobreza de la gente.

Y aunque todo mundo lo hace, le tocó al senador del PRI, Roberto Albores Gleason, ser el primero en ser investigado.  Por alguien se tenía que empezar.

OFF THE RECORD

**UNIDAD AZUL

El pasado sábado, durante la sesión del Consejo Nacional del PAN, el dirigente nacional de este partido, Ricardo Anaya, pidió “unidad” a los militantes de este partido.

¿Por qué pedir unidad? ¿Significa que no la hay?

En efecto, hay quienes dentro del PAN sabotean lo que para este partido podría ser la antesala de un gran posicionamiento hacia el 2018.

**DELFINA EN EL SENADO

El caso del diezmo que la candidata de Morena al gobierno del estado de México, Delfina Gómez, imponía a los trabajadores del municipio de Texcoco, llegó hasta la tribuna del Senado.

La bancada del PRI pidió que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México investigue la posible comisión de delitos por parte de Delfina, quien desvió –según la documentación que hizo pública el PAN— poco más de 13 millones de pesos de la nómina para entregarlos al GAP y a Morena.

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