Los asuntos vinculados a la inseguridad y al crimen organizado son la piedra en el zapato de los dos último sexenios.
Primero con Felipe Calderón –la mal llamada guerra contra el narco– y ahora con Enrique Peña cuya administración quedó manchada por casos como la matanza de Iguala o el aumento en la incidencia delictiva.
Sin embargo, aunque la mayoría de los reclamos suelen caer sobre el gobierno federal y, por lo general, sobre el presidente en turno, lo cierto es que la responsabilidad no se concentra en el Los Pinos.
Es así que, en entrevista de radio, el secretario de Gobernación –Miguel Ángel Osorio Chong–, advirtió que la responsabilidad de ordenar los penales y de garantizar su operación se encuentra –primordialmente–, en los gobiernos estatales.
Es decir, que más allá de la responsabilidad que toca al mando federal –como encargado de la gobernabilidad del país–, también es cierto que los alcaldes y gobernadores deben mostrar el compromiso y el trabajo estratégico que permita asegurar el funcionamiento óptimo del sistema penitenciario.
En un tono similar, la señora Isabel Miranda de Wallace –presidenta de Alto al secuestro–, advirtió a La Otra Opinión que algunos gobiernos estatales no han hecho lo que les corresponde en materia de combate al secuestro. Si bien el número de plagios parece ser menor –al menos ha disminuido la cantidad de denuncias–, lo cierto es que el registro de datos, la implementación de estrategias complejas y el procesamiento de estos criminales arrastra muchas deficiencias.
Es así que, según Osorio, según Wallace y según el sentido común, la responsabilidad y el compromiso en el combate a la delincuencia organizada no se limita al mando federal. En realidad descansa en los hombros de todos los mandos y órdenes de gobierno. Y quien no lo ve, es porque no quiere.
