El nombramiento de Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública ocurrió un 3 de febrero de 2015. En aquél entonces, el presidente Enrique Peña Nieto enfrentaba una severa crisis de credibilidad y confianza. Meses antes –en noviembre de 2014– se dio a conocer que la primera dama –Angélica Rivera– habría adquirido –a precio especial–, una propiedad con valor de 7 millones de dólares. El hecho despertó suspicacias porque Grupo Higa –la empresa que realizó la venta de la llamada “Casa Blanca”– obtuvo diversos contratos para la realización de obras públicas cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
En un intento por limpiar su imágen, aquél 3 de febrero de 2015, Peña Nieto pidió a Andrade –como encargado del órgano encargado de vigilar el correcto desempeño de los servidores públicos federales– que investigara el presunto conflicto de intereses en que habrían incurrido él, su esposa, y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray; quien también compró una propiedad a la misma empres.
Sin embargo, la mañana de este lunes, el periodo de Andrade como Secretario de la Función Pública finalizó con la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y con una disculpa por parte del Ejecutivo.
Aquél 3 de febrero de 2015, Peña Nieto también presentó ocho medidas a partir de las cuales pretendía reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría del gobierno y vigilar que los servidores públicos se apeguen a la ley y a la ética. Entre dichas medidas, destacaban las siguientes:
- Obligación de los servidores públicos de declarar los posibles conflictos de interés en que pudieran incurrir.
- La creación de una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés.
- La conversión de las declaraciones de principios en protocolos formales de actuación para los servidores públicos.
- El establecimiento de un protocolo de contacto entre particulares y servidores públicos que hagan contratos, licencias, concesiones y permisos.
- La publicación de una lista de proveedores sancionados por el gobierno de la república.
Por su parte, el día de su nombramiento, Andrade anunció que seguiría tres ejes para cerrar el paso a la corrupción, los conflictos de interés y las prácticas indebidas en el ejercicio administrativo y en el ejercicio público. Dichos ejes eran la orientación a los servidores públicos para conseguir resultados en la implementación de las reformas; el refuerzo a las reglas y condiciones de las contrataciones públicas; y el manejo transparente del gobierno.
Entonces, ¿Qué ocurrió durante el periodo de Andrade al frente de la Secretaría de la Función pública? ¿Por qué a menos de año y medio del nombramiento de Andrade éste ha renunciado y Enrique Peña Nieto ha pedido perdón?
Meses después de su nombramiento, Andrade presentó un informe sobre el caso de la “Casa Blanca”. Determinó que no hubo ningún conflicto de intereses debido a que, en el momento en que adquirieron sus propiedades, Rivera aún no era primera dama y Videgaray aún no era Secretario de Hacienda. No obstante, algunos expertos apuntaron que la investigación de la Secretaría de la Función Pública fue incompleta, pues el organismo sólo cumplió con sus obligaciones mínimas. También hubo quienes criticaron el hecho de que el encargado de fiscalizar los bienes del presidente y su esposa fuera un funcionario nombrado por el mismo presidente. Es decir, uno de sus subordinados.
Además, luego de un año y medio del nombramiento de Andrade, el país sigue hundido en una crisis de corrupción: así lo demuestran las acciones de gobernadores que intentan blindarse para el término de su administración, que celebraron contratos con empresas fantasma, y que son acusados por enriquecimiento ilícito.
Por cierto, la salida de Andrade de la Secretaría de la Función Pública no se da porque Peña Nieto haya considerado que tuvo un mal desempeño. En realidad ocurre porque –en el marco de la promulgación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción– el nuevo titular de la dependencia tiene que ser nombrado por el presidente y ratificado por el Senado.
Sin embargo, cabe preguntarse: si el presidente fue capaz de pedir perdón por el mal manejo que hizo del tema de la “Casa Blanca”, ¿por qué Virgilio Andrade no pidió perdón por la laxa investigación que realizó o por su fracaso al garantizar la transparencia y el correcto desempeño en la operación de los funcionarios públicos federales?
