La relación entre el Gobierno y los empresarios siempre se ha caracterizado por un vaivén de alianzas y enfrentamientos: algunas veces se aman y otras veces se odian. Sin embargo, el actual conflicto—con tintes telenovelescos— por la aparición de un tercero que los ha mantenido en discordia: la CNTE, que ha “metido cizaña” entre ambas partes con sus bloqueos y movilizaciones.
Tras las canalladas de la CNTE —propias de un villano de melodrama—, la Concanaco se rebeló contra el Gobierno federal porque éste no pudo jugar el papel de héroe y rescatar al empresariado de los bloqueos y manifestaciones del magisterio.
Y así que el sector empresarial amenazó con que los miembros de la organización presentarán declaraciones fiscales en cero si el gobierno no resuelve el conflicto.
Para no quedarse fuera de la jugada, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, calificó la manifestación de la Concanaco como “delicada”, y advirtió que declarar falsamente es un delito fiscal.
Al afirmar que “no se puede combatir la ilegalidad con ilegalidad”, Núñez fijó una posición: el Estado mexicano hará respetar la ley. Pero ahora ¿Por qué el gobierno no obliga a la CNTE a respetar la ley y las libertades de los demás ciudadanos? ¿Por qué no sanciona sus actos vandálicos? ¿Por qué aplica mano dura a los empresarios pero se muestra suave con la CNTE? Pero también ¡Ay de aquel contribuyente que no presente su declaración!
Si bien el SAT dice que las leyes están para cumplirse, la CNTE ha decidido violentarla para conseguir sus demandas. Mientras avanzan las diferencias entre empresarios y Gobierno, preguntamos: ¿Qué camino seguirán los empresarios, el de la legalidad o el de la ilegalidad? y ¿Qué acciones tomará el Sat respecto a lo que decidan los empresarios?
Para algunos, la lógica sería “o todos coludos o todos rabones” pero hasta ahora, ni el Estado, ni los empresarios, y mucho menos la CNTE, lo han considerado así.
