Por Juan E. Pardinas
El viernes 2 de octubre apareció en el diario Reforma (Página 20) un anuncio que al vuelo de la mirada parecía la propaganda de un candidato panista a presidente municipal. Al centro de la imagen aparece un tipo bigotón con camisa azul. El tono de la prenda combina con el color de las camisas de otras personas que aparecen en la foto y con las letras que acompañan el mensaje. Mi sorpresa fue que el anuncio no era propaganda electoral blanquiazul, sino del informe de labores de Alfonso Esparza, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Me corrijo, el anuncio sí es un ejercicio de propaganda electoral desde el rectorado de una de las universidades públicas más importantes del país. En el estado de Rafael Moreno Valle hasta el escudo oficial de la BUAP tiene los colores del PAN. Si el gobernador poblano cumple con su aspiración de ser presidente de la República en el 2018, ¿la UNAM tendrá que abandonar su tradicional azul y oro para abrazar los tonos del PAN?
El World Economic Forum presentó esta semana su Índice de Competitividad Global, donde México quedó en el lugar 57 de 140 países. Lo que más perjudicó la calificación de nuestro país fue la debilidad de sus instituciones. En este rubro hay un grupo de variables que nos hunden al fondo de la tabla. De aquel naufragio rescato dos datos para enmarcar la foto del rector de la BUAP: en desvío de fondos públicos somos el lugar 125 de 144. En la medición de confianza pública en los políticos andamos en el 124. En Egipto o Ucrania, países donde revueltas populares derrocaron a sus respectivos gobiernos, los políticos profesionales tienen una mejor reputación que en México.
La foto promocional del rector es un ejemplo tanto de desviación de fondos para la educación superior hacia una campaña electoral como del bien forjado desprestigio del oficio público. México padece una peligrosa erosión del prestigio de las instituciones públicas. El país necesita de una amplia estrategia de reconstrucción reputacional. Sin embargo, las decisiones se toman en sentido contrario, como decía Germán Dehesa, éramos muchos y parió la abuela.
En medio de esta profunda crisis de confianza, el presidente Peña Nieto decide nombrar a Arturo Escobar como subsecretario de Gobernación y en la Sedatu colocan a un cómplice del homicidio de Serafín García como delegado en Oaxaca. ¿Qué sigue? ¿El ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira como director de Deuda Pública en Hacienda? ¿Arturo Montiel será el nuevo Fiscal Anticorrupción? ¿Roberto Madrazo a la Conade? ¿La Mataviejitas para directora del Insen?
¿Le van a hacer a la Suprema Corte lo mismo que le hicieron al INE, con representantes de partido ataviados con toga de ministros? Los problemas de ética ya son también problemas de estética. No está bien, pero se ve aún peor que el rector de una universidad pública use el erario para promocionar su trampolín electoral. No podemos asumir que este espiral de desprestigio institucional puede continuar sin que ocurra nada. La Volkswagen aprendió esta semana que las crisis de reputación sí tienen consecuencias. En poco más de dos semanas la empresa perdió 38% de su valor en acciones. Credit Suisse calcula que el costo para Volkswagen del escándalo puede ser de 86 mil millones de dólares, una cifra mayor que el PIB anual de un país centroamericano.
Las instituciones de la República están siendo sometidas a una intensa prueba de resistencia de materiales. Hay una pregunta sobre la que pende el destino del país. ¿Cuánto cinismo e ineptitud podemos aguantar los mexicanos? El primer paso para frenar el contagioso desprestigio institucional será mejorar la puntería en la designación de cargos de autoridad, desde una delegación estatal de la Sedatu, una subsecretaría de Gobernación o un puesto de la Suprema Corte.
@jepardinas
Tomado de Reforma
