En tres días, México vivirá una transformación radical en su sistema de impartición de justicia. El 18 de junio entrará en vigor la Reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio. La pregunta es, ¿de qué nos servirá el cambio?
Para Carlos de la Rosa, investigador del CIDAC, son dos los cambios que vendrán con la reforma:
El primero, se focalizarán los recursos en los delitos de mayor impacto. Es decir, que ya no se invertirá –ni se sancionará– de la misma forma un delito menor que uno más grave.
El segundo, se privilegiará la reparación del daño y la protección de derechos de las víctimas y de los acusados.
No obstante, a pesar de las bondades del proyecto, lo cierto es que a tres días de que comience a operar el sistema, en varios estados siguen sin existir las condiciones para que el nuevo sistema de Justicia Penal opere de manera óptima.
Desafortunadamente, aunque hubo ocho años entre la aprobación de la reforma y su implementación, no habrá sanciones para las autoridades omisas que no trabajaron en la construcción del escenario para que la reforma funcione como es debido. Y es que, explicó el analista, durante los ocho años que duró el proceso de implementación, desfilaron varias administraciones municipales, estatales y federales. En consecuencia, la responsabilidad del atraso sería de varios; no de las autoridades que hoy ocupan algún cargo.
Sobre el mismo tema, Leslie Solís –investigadora de México Evalúa–, agregó que la reforma busca dar prioridad a la transparencia y al respeto a derechos humanos; de modo que exista la certeza de que todas las sentencias que se dicten, serán apegadas a derecho, con jueces imparciales y respetando el trato tanto para las víctimas como para los victimarios.
