¿Quién se disculpará con los siete militares de Tlatlaya?

El 7 de noviembre de 2014, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides; siete de los militares que participaron en el enfrentamiento de Tlatlaya –en el estado de México–, donde perdieron la vida 22 presuntos criminales.

A estos soldados los acusaron de ejercicio indebido del servicio público, de abuso de autoridad, de alteración ilícita de una escena del crimen y de encubrimiento.

A la par, los efectivos fueron procesados y sentenciados en tribunales militares por faltas similares.

Y es que, desde alguna trinchera interesada, corrieron las versiones de que en Tlatlaya habríamos visto ejecuciones extrajudiciales. Es decir, que el 30 de junio de 2014 –fecha del enfrentamiento–, los delincuentes serían víctimas y los militares serían criminales.

A fuerza de repetición, el montaje de Tlatlaya se transformó en “verdad mediática”. Al grado que se volvió políticamente incorrecto cuestionar a los supuestos criminales y se hizo imposible sugerir que los militares implicados simplemente hacían su trabajo.

Sin embargo, a la vuelta de los meses, la justicia mexicana determinó que no existen elementos para procesar a los soldados y que, contrario a la voz popular, en Tlatlaya ocurrió un choque entre militares y delincuentes; en donde los primeros hicieron lo que debían, y lo hicieron siguiendo las reglas. En esa lógica, los militares involucrados en el caso fueron –todos–, exonerados tanto en tribunales civiles como militares; tal cual debió ocurrir hace meses.

Por eso, hoy que la justicia se abre paso –demasiado tarde–, es indispensable preguntar, ¿quién pedirá disculpas a Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides?

¿Quién reconstruirá las vidas, las reputaciones, las familias, las trayectorias y los nombres de estos militares? ¿quién les regresará el tiempo que perdieron en un proceso viciado desde su origen? Y más importante, ¿qué dirán ahora los que se inventaron la patraña de las ejecuciones extrajudiciales? ¿qué dirán los que demandaron las penas máximas contra estos militares que, hoy sabemos, son inocentes? ¿habrá sanción para las voces y plumas de estos mentirosos? ¿habrá castigo para los que destruyeron las vidas y familias de siete militares con tal de sacar raja? ¿habrá repercusiones para quienes –conscientes de la mentira–, encabezaron este juicio mediático?

¿Quién castigará a los responsables de la verdadera tragedia de Tlatlaya?