Que siempre sí. Finalmente se dictó auto de formal prisión contra Erick Ulises Ramírez Crespo, alcalde con licencia del municipio guerrerense de Cocula. El juzgado noveno de distrito en Guerrero formalizó la acusación de delincuencia organizada –en su modalidad de delitos contra la salud–, en contra de Ramírez Crespo.
Cabe recordar que el perredista fue detenido el 29 de noviembre de 2015 en Morelos, cuando comía con Adán Zenén Casarrubias Salgado, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos; a quien vinculan con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. No obstante, a falta de elementos, el alcalde de Cocula recuperó su libertad.
Sin embargo, el 30 de enero pasado se emitió una orden de aprehensión en contra de Erick Ulises; quien fue detenido 10 días después, cuando circulaba por la carretera Iguala-Teloloapan. Al respecto, algunos se preguntan si el arresto fue una casualidad o si las autoridades hicieron un trabajo exhaustivo de investigación; tampoco se sabe si la PGR tratará de imputar más delitos en contra del edil; y mucho menos se sabe con certeza si los señores Lázaro Mazón o Ángel Aguirre –quienes han sido señalados por su cercanía con el crimen organizado–, reconocen al alcalde o tienen algo que decir sobre el tema.
Por lo pronto, los legisladores de Guerrero ya dieron la espalda a Ramírez Crespo; prueba de ello es que el congreso local rechazó la solicitud de licencia del alcalde en funciones y mandó llamar al suplente para que ocupe el cargo.
Por lo pronto, sólo queda esperar a que la Procuraduría General de la República se ponga de acuerdo y defina, de una vez por todas, si Erick Ulises Ramírez Crespo tiene vínculos con el crimen organizado, si existen elementos para procesarlo, y si realmente llevarán el proceso contra el alcalde hasta sus últimas consecuencias.
Y es que con cada pifia, con cada amparo ganado por los presuntos criminales y con cada tropiezo, la PGR pierde credibilidad, su imagen se lesiona y crece la distancia entre los ciudadanos y las instituciones del Estado.
