Para corregir las deficiencias del llamado modelo de comunicación política surgido en la reforma electoral de 2007, que ha permitido que Andrés Manuel López Obrador se promueva en cientos de miles de spots, también debe subsanarse otra omisión aún más grave: la falta de reglamentación para impedir la propaganda personalizada de servidores públicos.
Que AMLO aproveche los 1.71 millones de spots que Morena recibió para el proceso electoral 2015 se debe a que no hay ninguna disposición que lo prohíba. La Constitución y la ley dicen que los partidos contarán con acceso gratuito a medios electrónicos, pero la norma es omisa respecto a quién puede aparecer en dichos spots (y sería ridículo que la ley llegará a ese nivel de detalle). Ciertamente el propósito de esos millones de espacios es promover las plataformas de los partidos y sus candidatos, pero AMLO, como líder moral y ahora también como presidente formal de su partido, ha usado esos spots para su promoción personal, tratándose de un partido de corte vertical y patrimonial.
Dice Manlio Fabio Beltrones que López Obrador altera la equidad de la contienda de 2018 y tiene razón, pero también la alteran muchos gobernadores, alcaldes y servidores públicos que pagan propaganda personalizada en la prensa nacional y local con cargo al erario. (Algunos también pagan entrevistas y cobertura informativa en medios electrónicos).
En 2007 se reformó el artículo 134 de la Constitución para prohibir la propaganda de gobierno “personalizada”, eso es, se estableció que la propaganda gubernamental “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Pero faltó reglamentar los procedimientos para investigar y sancionar las infracciones y por esa razón las autoridades electorales han evitado entrometerse.
Consejeros electorales han argumentado en los últimos años, por ejemplo, que no hay claridad de la forma de sancionar, o bien, que en periodos no-electorales no pueden sancionar la violación a ese artículo.
En consecuencia, una de las pocas buenas medidas de la reforma electoral de aquel año es violada todos los días sin que nadie haga algo: basta hojear muchos periódicos para detectar gacetillas pagadas todos los días con la imagen de gobernadores, alcaldes y hasta secretarios de Estado. En la reforma electoral de 2014 también se pasó por alto reglamentar el 134. El PAN pidió hacerlo sin que le hicieran caso.
Si el presidente del PRI quiere atajar cualquier forma de iniquidad para la elección presidencial de 2018, no sólo la de los spots de López Obrador, debe empezar por reglamentar el 134 constitucional para que no haya ya ningún tipo de publicidad personalizada de servidores públicos. Segundo, es fundamental que se regule la asignación de publicidad oficial, una promesa que hizo Enrique Peña Nieto cómo candidato presidencial en mayo de 2012. El gasto discrecional y opaco en medios de comunicación genera un trato preferencial de éstos hacia los candidatos “oficiales”, eso es, un gobernador que da dinero a los medios de su entidad puede también exigir un trato preferencial para los candidatos de su partido.
Prevalece en México la práctica de asignar recursos de comunicación social sin criterios claros, por ejemplo, rating de medios electrónicos o circulación en el caso de prensa escrita. Como resultado, los presupuestos para comunicación social han estimulado el surgimiento de periódicos locales, panfletos y páginas web sin lectores pero que encarecen las campañas, extorsionan candidatos y afectan la equidad.
(El jueves pasado el senador Zoe Robledo presentó una iniciativa para prohibir la propaganda gubernamental y sólo permitir las campañas de difusión en materias de salud, educación y protección civil
¿Qué hacer con los spots de AMLO? Tiene razón Beltrones en señalar el abuso “legal” que hace López Obrador de una mala legislación y que le ha dado una promoción que en términos comerciales vale decenas de millones de pesos. Pero ese llamado debe ir precedido de poner orden respecto a los servidores públicos (artículo 134) y respecto a los gastos sin control de comunicación social. Si eso se cumple, la regulación para impedir el abuso de AMLO se verá como justa y correcta y no como el segundo intento de “desafuero”.
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