Cuando se revisan los casos de Humberto Moreira –procesado en España de blanqueo de capitales–, de la diputada Lucero Sánchez –quien estaría vinculada con el Chapo Guzmán–, o el del senador Fidel Demédecis –a quien acusan de ordenar el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Morelos; Gisela Mota–, aparece una constante: partidos políticos irresponsables que empujan a políticos impresentables.
Acaso lo más grave es que estos tres políticos son parte de una larga lista de servidores públicos impresentables. De individuos que recibieron el apoyo de un partido político pero que, una vez en el poder, “enseñaron el cobre” y demostraron que representan lo peor de la sociedad.
Pero eso no es todo. Lo que verdaderamente indigna es que frente a las malas prácticas y los excesos de estos personajes, la respuesta de los partidos ha sido la misma: lavarse las manos. Deslindarse.
Por eso preguntamos, ¿cómo debemos entender a los partidos que empujan a políticos tramposos y luego evaden la responsabilidad por haberlos encumbrado?
En entrevista para La Otra Opinión, el Doctor Gustavo López Montiel explicó que este fenómeno se debe a la naturaleza de la vida partidista y a la falta de un esquema legal que obligue a los partidos a responder por sus malas decisiones.
En el primer caso, los partidos suelen estar más preocupados por asegurar espacios de poder que por revisar y depurar sus padrones.
Y es que basta una revisión de la prensa para descubrir que son públicos los nombres de los políticos vinculados con criminales organizados, famosos por sus malas prácticas o con un expediente negro.
Por eso, a pesar de que muchos conocen a los políticos impresentables y muchos podrían señalar sus faltas; los partidos no tiene el cuidado de filtrar el ingreso a sus filas de manzanas podridas. Porque la prioridad de los partidos está en otro lado.
En una lógica similar, también es cierto que los partidos políticos no han tenido la necesidad de incluir mecanismos de control en sus estatutos. De hecho, explicó López Montiel, si los partidos no han aceptado regular los casos de conflicto de interés, mucho menos harían algo al respecto de las malas compañías –o los pasados cuestionables– de sus militantes.
Y si a lo anterior se agrega que las elecciones se ganan con dinero y que el dinero lícito no alcanza para garantizar una victoria. Entonces se entiende por qué los partidos no muestren interés en depurar sus padrones.
Para rematar, los ciudadanos no siempre sancionan a los partidos que encumbran criminales. La mayoría de las veces, la memoria del elector no alcanza para señalar y castigar –con el voto–, a quienes hacen mal su trabajo.
De igual manera, quienes deciden castigar a los partidos y emiten un voto en blanco, en los hechos desperdician el sufragio. ¿Por qué? Porque el voto blanco no resta prerrogativas a los partidos, no pone en riesgo su triunfo y no es una verdadera sanción.
Por todo lo anterior, es evidente que los partidos descuidan sus padrones porque no existe un motivo para que los blinden. Las leyes no los obligan, las instituciones no los capacitan y la sociedad no se los exige.
