Panama Papers, en democracia, los ricos son indispensables: Pazos

Hoy todo el mundo habla de los Panama Papers…

Que si aparecen mandatarios como Mauricio Macri; que si aparecen escritores como Mario Vargas Llosa; que si ya renunció el primer ministro de Islandia; que si David Cameron del Reino Unido aceptó que recibió beneficios de empresas en el extranjero, que si, que si, que si…

Sin embargo, pocos hablan —o pocos entienden— que los paraísos fiscales no son —de suyo—, ilegales.

En entrevista para La Otra Opinión, el Doctor Luis Pazos –un reconocido economista–, explicó que los paraísos fiscales son, en realidad, países con facilidades para ahorrar e invertir.

Es decir, que no se trata de ningún pecado enviar el dinero de un particular a alguno de estos destinos.

Eso sí, cuando el origen de los recursos es ilícito –o no se pagaron los impuestos respectivos–, entonces el capital ahorrado en el paraíso fiscal es irregular. O si lo prefiere, en esos casos sí existen delitos que perseguir.

Sin embargo, más allá de analizar, reflexionar y cuestionar estas prácticas, lo cierto es que –según Luis Pazos–, lo importante sería atender las verdaderas sangrías y defraudaciones de dinero público.

Es decir, que según el experto, no son pocos los gobiernos –municipales, estatales e incluso dependencias del gobierno federal–, que desvían recursos. En otras palabras, que más allá de los paraísos fiscales, son muchos los servidores públicos que utilizan prestanombres, que desaparecen el dinero de las arcas públicas, que abren cuentas en Estados Unidos, que compran inmuebles en el extranjero o que se hacen de grandes empresas con los recursos que pagan los mexicanos por la vía de los impuestos.

A estos defraudadores, explicó Pazos, nadie los investiga, nadie los cuestiona y nadie los castiga.

Por eso, concluyó el experto, más allá de cuestionar a los hombres y mujeres del dinero –los mismos que generan empleo y promueven el desarrollo económico–, los gritos de reproche deberían ser para quienes olvidan que su obligación es defender el patrimonio de todos y no aprovecharlo para beneficio personal. Nos referimos, evidentemente, a quienes malgastan el dinero público, a quienes desvían los recursos que se obtienen por impuestos y a quienes usan como propio el dinero de todos.

En resumen, el problema real no se encuentra en quienes hacen dinero y lo guardan en paraísos fiscales –perseguir sólo a los ricos, como hace el SAT, es una cacería de brujas–, el problema está entre quienes desvían los impuestos que pagamos.