Como seguramente sabe, el INE aprobó una multa por 88.5 millones de pesos aplicada al PVEM. El motivo: aportaciones de origen desconocido o no informadas a las autoridades correspondientes.
Y a propósito de la nueva sanción contra los ecologistas, viene a cuenta recordar otra aparente ilegalidad del Partido Verde. Otro caso que –hasta el momento– sigue sin sanción.
El pasado viernes se dio a conocer que en Chiapas, el Congreso de la entidad desaforó a Roberto Pardo Molina, diputado migrante electo en julio de este año. ¿Por qué? Por supuesto robo de identidad.
Hace seis meses los chiapanecos eligieron a su diputado migrante. En teoría, se contaba con un padrón electoral de 10 mil 808 chiapanecos en el extranjero. Además, había cuatro candidatos: Yolanda Alfaro, del partido local Mover a Chiapas, que perdió con dos mil 928 votos; Cielo Gómez, de Morena, que obtuvo 14 sufragios; Elizabeth del Carmen Díaz, de Movimiento Ciudadano, la cual sólo consiguió un voto; y Roberto Pardo, del PVEM, quien obtuvo el respaldo de tres mil 685 chiapanecos, por lo que se declaró ganador de la contienda.
La empresa DSI Elecciones fue la designada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para realizar dicho proceso electoral. Y no está de más señalar que el director general de DSI, Vicente Manzur Salomón Molina, es primo de Roberto Pardo Molina.
La labor de la empresa constó en enviar una contraseña a los nacidos en Chiapas que solicitaron votar desde fuera de México. No obstante, algunas de esas personas radican en el estado y se sabe que muchas nunca han salido del país.
Increíble pero cierto. Alguien dio de baja los registros de un puñado de chiapanecos y los inscribió como mexicanos en el extranjero.
Estas irregularidades se hicieron públicas cuando aquellos que intentaron emitir su voto no pudieron y es que no aparecían en la lista nominal. Fue entonces cuando presentaron quejas ante el INE.
Cabe señalar que DSI cobró 12 millones de pesos por computalizar los sufragios en Chiapas y además ha participado en elecciones de otras entidades.
Hasta el momento todos los organismos involucrados se han deslindado de la responsabilidad.
La consejera del IEPC, María de Lourdes Urbina, comentó que el caso ya lo tiene la Fepade y aseguró que la empresa encargada de organizar la elección debió seguir los lineamientos que indicó el Consejo General del instituto.
Por su parte, DSI Elecciones afirmó que no tenían la obligación de comprobar el lugar de residencia de los votantes y argumentó que en su momento el INE aprobó la lista nominal que se utilizó.
De este modo, Édgar Humberto Arias Alba, delegado del INE, dijo que el instituto sólo tenía el deber de verificar la autenticidad de las solicitudes que enviaron los supuestos residentes en el extranjero.
Nadie quiere hacerse cargo del desastre que una vez más pone en entredicho la credibilidad del Partido Verde Ecologista, que por cierto no se ha pronunciado sobre el caso.
Mientras tanto, Horacio Duarte, representante de Morena, ha dicho que los consejeros del IEPC incumplieron con la Constitución Federal y Local, así como con las leyes electorales y las jurisprudencias del TEPJF.
Los hechos ocurren a poco menos de tres años de que se celebren los comicios más importantes para el país y muchos nos quedamos inquietos ante el panorama, pues si esto sucedió en elecciones pequeñas, ¿imagina lo que podría ocurrir en 2018, cuando por primera vez en México se podrá votar de manera electrónica por el presidente?
