Aquí lo dijimos una y otra vez. Algunos –con un claro interés político– trataron de aprovechar el caso Tlatlaya para debilitar a las instituciones del Estado mexicano.
Prueba de lo anterior es que este miércoles, el juez sexto militar –dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, absolvió –del delito de infracciones de deberes militares–, a seis de los siete militares que habrían participado en los hechos violentos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México.
En el Itinerario Político del 6 de octubre de 2015 dijimos que las autoridades militares urgieron al Poder Judicial para emitir el fallo sobre el Caso Tlatlaya porque era evidente la falta de pruebas y el juez retrasaba el caso ante el temor de ser víctima de un juicio mediático. Y fue así: un juez federal–y no militar–ordenó liberar a cuatro, de ocho militares, que se encontraban como presuntos culpables de la ejecución extrajudicial en Tlatlaya.
A un año y nueve meses del enfrentamiento, los elementos castrenses recibieron sentencia absolutoria, como aquí vaticinamos que sucedería pues no se requería ser jurista para descubrir que el caso Tlatlaya se montó con notas periodísticas y supuestos de un reportero que imaginó una ejecución extrajudicial. Y así que ningún experto ni perito pudo comprobar.
Así como organizaciones civiles dieron seguimiento al caso desde 2014, ahora estos mismos grupos civiles alegan que con la resolución del juez el caso Tlatlaya “se encamina a quedar impune”.
Con la resolución de este miércoles, algunos dicen que se “confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense…consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho de la vida en la historia reciente”.
No obstante, lo que sucedió hoy, aquí lo dijimos hace meses. Por ejemplo, en el Itinerario Político del 27 de mayo de 2015, cuando dijimos que parecía que los policías, marinos y soldados debían dejarse matar para que los ciudadanos les creyeran.
Hoy, a pesar de que las organizaciones y los supuestos grupos de expertos sembraron dudas sobre el operativo, descalificaron la actuación de las autoridades, señalaron a las fuerzas del orden de violar los derechos humanos de los criminales, también se confirmó lo que dijimos en el Itinerario Político del 12 de noviembre: los militares vivieron una injusticia. Por eso fueron absueltos.
En este momento, parece políticamente incorrecto hablar bien u otorgar el beneficio de la duda a militares, marinos y policías. No obstante, aquí lo hicimos desde un principio con los implicados en el caso Tlatlaya; seis de los cuales ya están absueltos. ¿No que no?
