Durante años, los militares y marinos podían cometer violaciones, protagonizar robos, echar manos de la tortura, realizar extorsiones, secuestros y desapariciones forzadas sin tener que rendir cuentas a los tribunales civiles. Sin embargo, luego de las reformas en materia de impartición de justicia, los soldados y marinos ya no sólo son procesados en tribunales especiales para las Fuerzas Armadas, hoy pueden ser juzgados y sancionados como cualquier ciudadano de a pie.
Y es que los valores de lealtad y honor –que distinguen a las instituciones armadas–, pueden llegar a ser opacados por los abusos de algunos militares y marinos, sin importar su rango.
Es así que, si todavía hay quien duda de que a todos –incluso a los soldados y marinos–, les llega el momento de pagar facturas, no está de más señalar que la Secretaría de Marina entregó a cinco de sus efectivos a un juez federal por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada en agravio de Armando Humberto del Bosque Villarreal.
En un hecho nada común en México, la Marina refirió que a inicios de marzo, los cinco elementos quedaron bajo jurisdicción del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal –en Nuevo León–, y les fue dictado auto de formal prisión por el delito de desaparición forzada.
Pero hay más. Todo indica que las Fuerzas Armadas pretenden castigar de manera ejemplar a estos infractores que utilizaron su posición para atentar contra sus connacionales. Acaso por eso, Salvador Cienfuegos –secretario de Defensa– aseguró que aquellos militares que vulneren el respeto a los derechos humanos, las normas jurídicas, la moral o la disciplina; la justicia procedería con “rigor y contundencia”.
Al respecto, el Doctor Emilio Vizarretea recordó a La Otra Opinión que los cinco marinos procesados en un tribunal civil siguen siendo inculpados o señalados. Es decir, que todavía es pronto para considerarlos culpables.
Y es que, a pesar de que todas las evidencias parecen incriminarlos, lo cierto es que el alto mando de las Fuerzas Armadas no es Ministerio Público, no pueden fincar responsabilidades y por eso corresponde a un Ministerio Público indagar y sentenciar –en caso de ser necesario–, a estos presuntos secuestradores y asesinos.
Anteriormente, comentamos que el procesamiento de cinco marinos era poco común en México. Prueba de ello es que los casos de militares juzgados en tribunales civiles se cuentan con los dedos de la mano. Por ejemplo:
En días pasados, un militar fue detenido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por la desaparición y asesinato de un mecánico en Tierra Blanca, Veracruz; por lo que tendrá que responder a la justicia civil y también a la militar.
En abril de 2013, el general retirado Tomás Ángeles Dauahare salió de prisión después de que fuera ingresado en 2012 al penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de servir al Cártel de los Beltrán Leyva. La PGR decidió no continuar con las acusaciones en contra del exsubsecretario de la Sedena. En su momento, aquí documentamos que el caso en contra del General Ángeles fue un montaje y parte de una venganza política.
En 2012, el general Roberto Dawe fue encarcelado durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, acusado de tener nexos con el narcotráfico. No obstante, igual que el General Ángeles, Dawe fue liberado al no encontrar evidencias sólidas que lo incriminaran.
Tras un año y 19 meses de haber pasado en prisión, los generales Ricardo Escorcia y Rubén Pérez; así como el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto obtuvieron su libertad después de ser acusados de delincuencia organizada e ilícitos contra la salud, por la PGR, durante la gestión de Marisela Morales. Estos militares cayeron en desgracia en condiciones similares a las de Dawe y Ángeles.
Pese a que no fueron llevados en una primera instancia ante la justicia civil, ocho elementos del Ejército –siete elementos de tropa y un oficial– fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar por haber ejecutado supuestamente a 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. Posteriormente un juez federal ordenó la liberación de cuatro militares mientras que los demás serían enjuiciados por delitos del fuero militar.
Pero el tema no es nuevo. En 1997, el general de división Jesús Gutiérrez Rebollo –conocido como el zar antidrogas–, fue el primer militar de alto rango detenido y condenado a 40 años de prisión por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Recordemos que en 21014, en un “diálogo amable y responsable” con las Fuerzas Armadas, el Senado de la República–por unanimidad–, aprobó modificaciones al Código de Justicia Militar, a fin de permitir que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan un delito contra ciudadanos puedan ser juzgados ante tribunales civiles.
