En Baja California, la fauna política está enfrentadas desde marzo.
Resulta que el 2 de febrero de este año, los diputados de Baja California interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tratar de echar abajo la pensión vitalicia –de 130 mil pesos mensuales– que aprobó el Consejo de la Judicatura estatal para cada uno de los 17 magistrados del Poder Judicial estatal.
Esta jugosa pensión vitalicia equivale al cien por ciento del sueldo de los magistrados. Pero la cosa no se queda ahí. En caso de fallecimiento del magistrado, el 50 por ciento de la pensión se iría para sus herederos menores de 25 años de edad, así como para sus deudos.
Para recibir estos 130 mil pesos mensuales, los magistrados deberán cumplir 70 años de vida o 15 años de servicio. Eso sí, los deudos dejarán perderán el beneficio si vuelven a casarse y los hijos no recibirán pensión si contraen matrimonio.
Según los magistrados, esta pensión “es una garantía a favor de la sociedad” pues ayudará “de forma exclusiva a su labor, despreocupados de su futuro a corto, mediano e, incluso, largo plazo”.
Cerrando cifras, en conjunto, los 17 magistrados recibirán una pensión mensual de dos millones 210 mil pesos. Y cada año, los 17 magistrados se llevarán 26 millones 520 mil pesos.
Para el Congreso de Baja California, estas pensiones de los magistrados son “privilegios de unas cuantas personas”. Y aunque los mal pensados dirían que los diputados de Baja California son unos envidiosos, lo cierto es que estas pensiones vulneran los recursos públicos de la entidad.
Según los diputados locales, no se trata de un pleito político sino de buscar que las decisiones se apeguen a la legalidad “y los recursos se destinen a la administración de la justicia”.
Si bien los diputados de Baja California se han conducido con mesura frente a los magistrados, los enterados aseguran que el Poder Judicial bajacaliforniano ha desafiado a los legisladores locales. Se sabe, por ejemplo, que el Congreso llamó a comparecer a Jorge Armando Vázquez –magistrado presidente del Poder Judicial de Estado–, pero éste ha hecho caso omiso.
Además, aunado al pleito entre la fauna política bajacaliforniana, los ciudadanos ya se manifestaron sobre el abuso del Poder Judicial. Luis Hernández, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), creó una petición en Change.org –que hasta ahora cuenta con 36 mil 656 firmas–, para invalidar la decisión.
De acuerdo con la petición #NOalosPRIVILEGIOS, “el autoregalo de privilegios” que se hicieron los magistrados, además de ser ilegal, también es inmoral.
El profesor de la UABC denunció que los magistrados se justifican en “la independencia y la estabilidad judicial”.
