“Los Enriques” van por recobrar la confianza de la ciudadanía

Cuando Enrique Ochoa Reza tomó posesión de la presidencia del partido tricolor, “le dio al clavo”. El nuevo dirigente nacional del PRI afirmó –y con razón– que  “el elemento más adverso a la clase política hoy en México son las acusaciones de corrupción y de impunidad”.

Por eso, la pregunta obligada es, ¿podrán el nuevo PRI y el gobierno federal lidiar con ese elemento adverso?

La corrupción y la impunidad en el desempeño de los funcionarios públicos son el cáncer de la democracia. Ambos provocan la desconfianza de los ciudadanos hacia los actores políticos y hacia las instituciones. Por ello, es necesario que los gobiernos –de todos los niveles– tomen medidas encaminadas a la transparencia y a la rendición de cuentas. En este sentido, las acciones emprendidas por Enrique Peña Nieto y Enrique Ochoa Reza –respectivas cabezas del gobierno federal y del partido en el poder– son un primer paso para limpiar la imagen del gobierno ante la opinión pública y para construir una nueva relación con la ciudadanía.

Por todo lo anterior, los hechos ocurridos este lunes fueron históricos. En primer lugar, la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción; en segundo, la petición de perdón por parte del presidente Peña Nieto por la forma en que se manejó el tema de la “Casa Blanca”. Con estas acciones, el gobierno intenta mostrar una nueva postura de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en ele ejercicio de la función pública.

Al mismo tiempo, el PRI parece apuntar hacia la misma dirección.

Cuando Ochoa Reza asumió la presidencia del partido –apenas el martes 12 de julio– afirmó que presentaría su declaración 3de3 esa misma semana. El dirigente del PRI cumplió con su promesa: presentó su declaración el viernes 15, misma que se hizo pública esta semana.

El presidente del tricolor declaró tener un patrimonio cuyo valor asciende a 38 millones 865 mil 444 pesos. Aclaró que cuenta con tres propiedades –un terreno en Michoacán, un departamento en La Paz, Baja California Sur, y una casa en la Ciudad de México– con un valor aproximado de 19.9 millones de pesos. También dijo ser propietario de 54 obras de arte y una flotilla de 50 automóviles, entre otros bienes. Detalló que obtiene ingresos por su remuneración anual, su actividad empresarial y la prestación de servicios profesionales. Además, proporcionó información sobre sus cuentas bancarias, sus adeudos y las actividades de su cónyuge.

Asimismo, Ochoa Reza presentó su declaración de interés, una obligación de todos los funcionarios y personas de interés público en el marco de las nuevas medidas anticorrupción del gobierno federal. En este rubro, el tricolor mencionó su relación con el sector energético y las acciones que posee en la empresa farmacéutica AOZ.

Ahora bien, si –como se mencionó– las acciones de Peña Nieto y Ochoa Reza son los primeros pasos en la construcción de una nueva imágen del gobierno y del partido –así como de una nueva relación con la ciudadanía–, ¿cuáles serán los siguientes pasos?

Desde su área de influencia, a cada uno le corresponde exigir al resto de los funcionarios de su partido –o de su administración– que sigan su ejemplo y rindan cuentas. Ambos –Peña y Ochoa– deberán sanear el partido y el gobierno de funcionarios con antecedentes de corrupción –Duarte, Borge, Moreira y un largo etcétera–; y también tendrán que señalar actos de corrupción de otros partidos.

Sin embargo, la tarea no es sencilla. Si los Enriques quieren convencer a la ciudadanía de los funcionarios del gobierno federal y del PRI actuarán con transparencia y apego a la ley, no basta con mostrar arrepentimiento, ni con emitir declaraciones. Será necesario implementar de manera efectiva los mecanismos del Sistema Nacional Anticorrupción con el fin de modificar las prácticas indebidas en el ejercicio de la función pública. Sólo así se podrá modificar la percepción generalizada sobre el gobierno y sobre el PRI; la misma que tiene una ciudadanía acostumbrada a escuchar en los medios, a presenciar, e incluso a ser víctimas de actos de corrupción, de agravios y de impunidad.