La convocatoria para ser fiscal de la justicia en Guerrero la emitió el Congreso del Estado. De 21 profesionales que se registraron se seleccionaron 14 aspirantes y los turnaron al poder Ejecutivo, que a su vez pulió la lista a una terna: Xavier Ignacio Olea Peláez, Rogelio Parra Silva y Héctor Salvador Calleja Paniagua.
Xavier Olea apunta a que será el nuevo fiscal. Sin embargo, ya lo ha vetado el partido Movimiento Ciudadano por considerar que su desempeño profesional se basa en la corrupción porque ha defendido a personajes como Raúl Salinas de Gortari (con la exoneración de haber depositado millones de dólares en el extranjero) y a Willy Reyes, expresidente municipal de Tlapa, presunto asesino del diputado 500 y defensor de Arturo “el Negro” Durazo, además, a decir de MC es propuesta de un grupo político. A esto último se le llama conflicto de interés.
Ricardo Mejía Berdeja, diputado local de MC, considera que el padrino político de Olea es Manuel Añorve Baños, actualmente funge como secretario de operación política del CEN del PRI, y dada la cercanía de éste con Manlio Fabio Beltrones se le asocia con el apoyo a favor del aspirante a fiscal.
Esa es la posición política; pero desde la perspectiva profesional un abogado ofrece sus servicios a quien le paga por sus conocimientos, o, si quiere ver de otra manera, cobra por sus habilidades y/o conocimientos. No importa “quién” lo contrate, está para defenderlo y esto cae en la moral individual del profesionista.
El concepto exacto es excusa; es decir, que es leal a su cliente hasta que sea solucionado el conflicto ya sea la resolución a favor o en contra, o que el titular de la demanda decide terminar con el abogado porque le parece que alarga el arreglo o le está cobrando lo que no estaba estipulado.
La excusa o recusación la entiendo como el compromiso de no intervenir en el caso a asunto que ya conoce y que por ética no debe o no puede atacarlo. Y en esta concepción no ha caído Olea Peláez.
Los señalamientos de Movimiento Ciudadano son contundentes mediáticamente. Pero, jurídicamente no se le ha encontrado una sentencia en donde estipule que Olea Peláez haya infringido la ley. Todo lo que se le dice son señalamientos y cae en la palabra presunto, por lo tanto, es inocente hasta que se pruebe lo contrario.
Entonces el asunto se traslada a un tema eminentemente político y mediático. Y como bien dice Mejía Berdeja se arrincona a un tema ético, cuestión que en política ni siquiera se reflexiona.
El mensaje va dirijo a la sociedad y a la toma de postura que tendría el PRD, votos que requiere el PRI para que resulte electo con las dos terceras partes de los diputados locales.
Para ser nombrado fiscal general por el Congreso local tiene que reunir mayoría absoluta de los diputados asistentes. De acuerdo a la suma del mismo diputado Mejía Berdeja con los votos del PRI, PAN y Verde no alcanzan mayoría absoluta.
El PRD, entonces, tiene la última palabra porque cuenta con 13 votos.
El asunto se vuelve complejo porque el PRD, por lo general, no es homogéneo.
La votación perredista en el asunto del nombramiento del nuevo fiscal revelará qué corriente hizo un pacto político. Una agrupación la controla el ex presidente de la comisión de gobierno de la anterior legislatura, Bernardo Ortega Jiménez, y la otra fracción el actual coordinador de los diputados locales perredistas, Sebastián de la Rosa Peláez.
Un posible escenario es que el PRI convenza a ambas dada la necesidad de acercamientos políticos con quien en este momento se encuentra en el poder.
Tan se siente Olea Peláez el fiscal general que al salir de la comparecencia declaró a los reporteros que no le preocupan los “votos de un partido” con tres curules, en referencia a la oposición de Movimiento Ciudadano.
