Sin duda, uno de los debates más prolongados y álgidos en la historia reciente del país, es el de la regularización de la mariguana. Ya como droga de uso medicinal, ya como droga recreativa.
Acaso por eso, en 2013, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante —SMART— solicitó a la Cofepris un permiso para sembrar, producir y consumir mariguana sin fines de lucro.
En respuesta –y para sorpresa de nadie–, la Cofepris negó el permiso.
Ante la negativa de la institución, esta Sociedad de Autoconsumo Responsable acudió ante un juez de distrito e intentó tramitar un amparo. No obstante, el juez también se negó. Entonces, los abogados solicitaron que la Corte atrajera el caso.
Y fue así que en mayo del año pasado, por primera vez, la Suprema Corte de Justicia aceptó una demanda de amparo a fin de dirimir la libertad de los ciudadanos para consumir mariguana. En consecuencia, la primera sala de la Suprema Corte discutirá el proyecto elaborado por el Ministro Arturo Zaldívar quien, según se sabe, se pronunciará a favor de despenalizar el consumo pues, dice, la prohibición atenta contra el desarrollo pleno del individuo.
En entrevista para La Otra Opinión, el Maestro Juan Francisco Torres Landa –Secretario General de México Unido contra la Delincuencia y uno de los autores del amparo–, celebró que el tema sea visible y se mantenga en la mente de los mexicanos.
Según dijo, el tráfico de mariguana tiene graves consecuencias en materia de seguridad. A pesar del daño, el Poder Ejecutivo se ha hecho a un lado y el Poder Legislativo ha congelado cuatro iniciativas federales y una local. Por ello, ante la falta de respuesta en dos de los tres Poderes de la Unión, este grupo de abogados decidió provocar una respuesta del poder judicial.
Y es que, de acuerdo con Torres Landa, el Estado debe asumir la responsabilidad de proteger a la ciudadanía de la delincuencia organizada. O si lo prefiere, que la autoridad debe evitar que los criminales se forren los bolsillos con un mercado negro de drogas.
De tener éxito, los promotores del amparo serían los primeros cuatro mexicanos con respaldo legal para dar un uso lúdico a la mariguana. A partir de ese momento, el resto de los interesados deberían seguir la ruta de estos abogados para gozar de la protección que dicta la ley.
Para Juan Francisco Torres Landa, es indispensable que la Corte debata sobre el derecho que tiene una persona a decidir qué consume y qué no. Para ello, se debe garantizar al individuo la posibilidad de autocultivar, autodistribuir y autoconsumir el cannabis.
Sin duda, el Maestro Torres Landa tiene razón.
Es necesario que el Estado atienda una demanda ciudadana.
Es importante que, en esta iniciativa, se reconozca el uso lúdico del cannabis.
Y es sobresaliente el diseño institucional de los abogados que promovieron este amparo.
Sin embargo, hay dos asuntos que siguen sin la atención que ameritan:
El primero, que un asunto de esta naturaleza debería discutirse y aprobarse en el Congreso –donde se encuentran los representantes de los mexicanos– y no en la Corte.
Y la segunda, que la libertad de consumo de mariguana se acompaña de una enorme responsabilidad del Estado. Después de todo, la autoridad está obligada a atender a quienes se excedan en el consumo de mariguana.
Por eso la pregunta, ¿cómo caben en esta propuesta la representación de los mexicanos y las obligaciones del Estado?
