Las trampas de los consejos electorales; ¿a quién le importan?

No es novedad que los institutos electorales estatales son fuente de desconfianza; como tampoco es novedad que muchos de estos “árbitros electorales” están en manos de los gobernadores en turno. Y seguramente a nadie sorprende que, con las elecciones del 5 de junio a la vuelta de la esquina, todo el mundo intenta meter la mano en las llamadas OPLEs.

Las dudas del funcionamiento de los institutos electorales –locales y el nacional–, son muchas. Y es que los problemas son tan diversos que incluyen impugnaciones electorales, la negación de registros de candidatos, fallas en los sistemas de cómputo, robo de boletas, intereses partidistas que intentan manchar los procesos, una limitada participación ciudadana, poca transparencia y un largo etcétera.

Supuestamente, los institutos electorales son organismos públicos y “autónomos”, pero todo queda en supuestos cuando es evidente que se han dejado seducir por los poderes fácticos, por los mandos estatales o por el máximo órgano electoral de este país: el INE, que por ley, es coadyuvante de los organismos electorales.

Prueba de lo anterior es la siguiente decena de perlas que demuestran el cochinero en que se han convertido los consejos electorales estatales.

Uno. Por definición, el Instituto Electoral de la ciudad de México debe conducir los instrumentos de participación ciudadana que afectan a los habitantes de la capital. Pero no siempre es así. Todo indica que el órgano capitalino se dobló ante el Instituto Nacional Electoral pues será el INE –y no el órgano local– quien organice la elección de la Asamblea Constituyente.

Dos. A Felicitas Valladares –presidenta del Instituto Electoral de Colima– se le “chispoteó” dar por ganador –en un programa de radio– al candidato a gobernador panista, Jorge Luis Preciado. Minutos más tarde, Valladares –con toda la vergüenza del mundo– salió a desmentir el tremendo error. Por esta irresponsabilidad, los priistas pidieron a Lorenzo Córdova –presidente del INE– que despidiera a la funcionaria. No obstante, el mismo Córdova se negó.

Tres. En Baja California, 13 de los aspirantes a un espacio en el órgano electoral, entre ellos cinco exconsejeros– trataron de reelegirse por siete años. Asimismo, César Rubén Castro Bojórquez –quien fungía como consejero presidente–, fue demandado por organizaciones civiles por supuesto abuso de autoridad y delitos electorales. Además estos consejeros solicitaron un incremento de salario del 40 por ciento. O si lo prefiere, que mensualmente recibirían 95 mil pesos.

Cuatro. En Jalisco, los consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), decidieron darse un aumento de más de 30 mil pesos mensuales. Incluso Guillermo Alcaraz Cross, presidente del IEPC –con un salario de 187 mil pesos– gana más que el gobernador Aristóteles Sandoval.  

Cinco. A principios de 2015, en Tamaulipas, los consejero electorales decidieron aumentar su sueldo 3.4 por ciento. Sin embargo, el consejero presidente, Jorge Luis Navarro Cantú, buscó un incremento de 26 por ciento. A los tamaulipecos poco o nada importó que en ese año no existieran comicios locales que organizar.

Seis. A un mes de estar en el cargo –en 2014–, los consejeros de Guanajuato aprobaron aumentar su sueldo un 46 por ciento. No obstante, el Congreso frenó el proyecto.  

Siete. En marzo de 2015, en San Luis Potosí, los consejeros se aprobaron un aumento del 358%; a partir de entonces ganarían 66 mil pesos al mes.

Ocho. El instituto Electoral del Estado de México (IEEM) fungía como agencia de colocación. El presidente del IEEM –Pedro Zamudio– fue acusado de nepotismo por contratar a sus familiares como asesores.

Nueve. En Nogales, Sonora; el delegado del PAN –Sergio Ulloa Carpena–, es hermano de la consejera electoral Graciela Ulloa Carpena.

Diez. En días pasado, el INE removió a tres de los siete consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Según se dijo, los funcionarios no garantizaron el principio de equidad de género en el registro de candidaturas para las elecciones del pasado 7 de junio.

El pilón: Hace meses, Víctor Joaquín Cánovas Moreno –ahora asesor de la candidata del PRD a la gubernatura de Tlaxcala, Lorena Cuéllar–, presentó su renuncia ante Instituto Electoral del Estado de Puebla –donde era consejero–; a Cánovas lo exhibieron en un acto panista –donde se presentó como enviado del gobernador poblano Rafael Moreno Valle–; al ex consejero sólo le quedó admitir sus actos y demostrar que los gobernadores tienen la mano metida en los institutos estatales electorales.

Luego del recuento, no está de más recordar que en el Pacto por México —firmado en 2012 por los principales partidos políticos–, se estableció la creación de una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única que sería responsable de las elecciones federales, las estatales y las municipales.  

Además, en su momento, el entonces presidente del Instituto Federal Electoral –Leonardo Valdés Zurita–, propuso desaparecer los institutos estatales electorales para crear un instituto nacional electoral que realizara elecciones estatales, federales y locales.

Por donde se vea, no son pocas las acusaciones en contra del INE –y del resto de los órganos locales– por tratar de favorecer sus intereses en vez de privilegiar las demandas ciudadanas. Por eso preguntamos, ¿hasta cuándo seguiremos pagando a estos vividores del poder? ¿hasta cuándo mantendremos a las llamadas OPLEs?