La perversión del fuero político

Ante la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades, la percepción casi generalizada de que los funcionarios públicos son corruptos y —sobre todo— de que sus fechorías quedan impunes, algunos actores políticos han tratado de explotar el tema con fines político-electorales. Por ello, el tema de la supresión del fuero político se ha instalado en la agenda legislativa en los últimos días.

La tarde de este jueves, el Congreso de Querétaro aprobó disposiciones legales para eliminar el fuero del Ejecutivo local y todos los funcionarios públicos. En el mismo sentido, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, entregó al Congreso local una iniciativa para la supresión del fuero constitucional en la entidad, misma que fue bien recibida por los campechanos.

Contrario a la iniciativa presentada por el gobernador de Campeche, hace unos días, los senadores del PRD hicieron la payasada de renunciar a su fuero como si se tratara de un acto de voluntad.

Asimismo, la supresión del fuero está contemplada en el proyecto para la nueva Constitución de la Ciudad de México que presentó el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, apenas el pasado 15 de septiembre.

Pareciera que hay un consenso respecto a que el fuero es la causa de todos los problemas de impunidad y corrupción de nuestro país. Pero ¿De verdad es así? ¿Para qué sirve el fuero? ¿Por qué se creó? ¿A qué necesidad responde?

Aunque hoy en día parezca otra cosa, el fuero no es algo que los poderosos se sacaron de la manga para cometer todo tipo de fechorías sin ser castigados. Para entender el origen de la necesidad histórica de esta garantía constitucional en nuestro país, es necesario regresar al pasado más de 100 años.

En 1913, Victoriano Huerta —conocido como “El Usurpador”—se encontraba en el poder tras haber traicionado a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez. Uno de los más serios detractores del gobierno golpista de Huerta era el senador Belisario Domínguez, quien el 23 y 29 de septiembre de aquel año pronunció ante el Congreso dos discursos en los que llamaba a Huerta “tirano y asesino” e invitaba a los legisladores a deponerlo de la Presidencia.

Días después, el 7 de octubre de 1913, Belisario Domínguez fue aprehendido por subordinados de Huerta, quienes lo asesinaron en Coyoacán. Se dice que a Domínguez incluso le fue cortada la lengua, y que se le envió al “Usurpador” como trofeo.

De este terrible crimen surgió la motivación para incluir en la ley la figura del fuero constitucional.

En la Constitución de 1917 se estableció— en el Artículo 61— que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.

Asimismo, se regula el fuero constitucional el Título 4o de la Carta Magna, que lleva por título “De las responsabilidades de los servidores públicos”.

Entonces, el fuero constitucional surgió como una figura para proteger la libertad de expresión y de acción de los legisladores. Es decir, se trata de un límite o contrapeso a los poderes Ejecutivo y Judicial con el fin de garantizar que los legisladores puedan actuar como oposición sin temor de que —a manera de represalias— se proceda penalmente en su contra o se armen casos para destituirlos de sus funciones.

Pues bien, es esa garantía y esa protección a sus libertades lo que hoy buscan abolir los funcionarios públicos.

Es cierto que más de 100 años después del crimen en contra de Belisario Domínguez muchas cosas han cambiado. El país cuenta con instituciones más sólidas, ya no existe aquel caudillismo en el que las figuras más poderosas podían asesinar a sus opositores sin tener que enfrentar a la justicia y —para muchos— el fuero se ha pervertido: es una especie de escudo usado por los funcionarios públicos para cometer todo tipo de fechorías

Pero no sobra preguntarse ¿Está el país preparado para descobijar a los legisladores? ¿Existen otras instituciones suficientes para garantizar la libertad de acción y expresión de quienes piensan diferente?

Cabe señalar que en julio de este año, el Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad la eliminación del fuero a la clase política.

Asimismo, en mayo, el Congreso de Veracruz eliminó—por unanimidad—el fuero al ejecutivo estatal, a los secretarios de despacho, al contralor, a los presidentes municipales, a los síndicos, consejeros electorales y demás funcionarios. Cabe mencionar que esto se debió a iniciativa del gobernador Javier Duarte.