La manzana de la discordia

Javier Santiago |
02-11-2017 09:59 AM

La elección de Gobernador de Coahuila se ha convertido en motivo de abierta desavenencia entre las autoridades electorales. A principios de octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE) había determinado que el candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro” rebasó en 10.5% el tope de gastos de campaña. La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación condujo a que el rebase disminuyera hasta situarse en 1.61%, con lo que la elección coahuilense no sería objeto de nulidad.

Esta semana, al resolver una queja interpuesta por el Partido Acción Nacional, el INE resolvió que la coalición “Por un Coahuila seguro” había omitido reportar $1,461,600.00 aplicados a la producción y post producción de 84 videos que fueron difundidos en Facebook. También determinó sumar la parte alícuota por $362,272.26 que corresponde al candidato a Gobernador, por inserciones periodísticas no reportadas. A ello habría que agregar los gastos no declarados que “sobrevivieron” a la anterior resolución jurisdiccional, por $310,621.62. La suma final alcanza $2,134,493.88, con lo que se configura un rebase de 11.09% de los gastos de campaña.

Por supuesto, la resolución del INE será apelada. Así que posiblemente nos encaminamos hacia un nuevo episodio de discrepancia entre autoridades electorales, administrativa y jurisdiccional. Ya en la primera ocasión fue perceptible el conflicto interpretativo. El INE aplica la normativa con severidad que muchas veces luce excesiva y poco apegada a las dinámicas de campaña y conductas realmente desplegadas, mientras que el Tribunal Electoral enfatiza la garantía de audiencia y, con ánimo presumiblemente benevolente, revoca resoluciones sin explicitar demasiado desde el punto de vista técnico-contable.

No se trata de conceder total razón a una u otra instancia. En temas complejos e interdisciplinarios, nadie acierta del todo, pero tampoco se equivoca por completo. Lo que está resultando evidente es que ambas instituciones transitan por caminos interpretativos divergentes. Tampoco es para sorprenderse por ello, pero sí es de lamentar el débil o inexistente diálogo interinstitucional que propicie resoluciones más sólidas y favorezca la certeza en materia electoral. Por el contrario, se abona a la desconfianza y a las teorías de la conspiración que no requieren demasiada evidencia para acusar parcialidad en el actuar de las autoridades. 

En su defensa, la coalición adujo que los gastos de producción de videos estaban reportados y únicamente omitieron la presentación de muestras, por lo que la falta deviene puramente formal y, además, se reprocharon videos duplicados y algunos que ya habían sido sancionados.

La resolución del INE apunta que se distinguieron entre 151 videos que eran de manufactura casera, habían sido sancionados o se limitaban a reproducir fragmentos de eventos. Respecto de las inserciones de prensa, indica que si bien no hay solicitud del voto se acredita un beneficio de ellos a las diversas campañas de Coahuila, entre las que figura la de gobernador.

Es válido afirmar por anticipado que el Tribunal, al resolver el medio impugnativo, revisará uno a uno los videos e inserciones. Naturalmente su determinación será objeto de debate e, incluso, polémica. Es posible que disminuya el número de videos objeto de reproche y, sobre todo, el precio fijado por el INE, lo que por cierto suscitaría discusiones enconadas. 

No resulta sencillo admitir que cada uno de los 84 videos de internet hayan implicado costos de producción por $17,400.00; pero tampoco que el costo total resulte irrisorio.

Se vislumbra otra fuerte discrepancia. Podría disminuir razonablemente el monto del rebase, pero llevarlo por debajo del 5% sería una muy mala señal para la elección que viene.

La elección y el voto ciudadano emitido en ella, debe ser protegida; pero no puede pasarse por alto que el uso excesivo de recursos es, de origen, un atentado contra la libertad del sufragio. En esta ponderación se juega, a mi modo de ver, el destino del tema y el mensaje político que se emitirá. Lo que es evidente es que la fiscalización realizada por el INE tiene debilidades y las resoluciones del Tribunal están insuficientemente motivadas, desde el punto de vista técnico contable.

Además, está sucediendo lo que algunos advertimos: el conflicto electoral local, en este caso por la fiscalización, ha desbordado el ámbito local y se ha convertido en un conflicto nacional, al intervenir el INE y los partidos políticos nacionales. Lo que ha llevado a una polarización de las posiciones de las autoridades electorales con unos o con otros partidos. Este conflicto es derivado del proceso de centralización, que ha llevado a que las autoridades en lugar de ser administradoras del proceso electoral y mediadoras entre los conflictos interpartidistas hayan sido empujadas a ser parte en los litigios electorales. 

La situación anterior no es el mejor de los mundos posibles para el 2018, con 31 elecciones concurrentes (la federal y 30 locales). El peso del conflicto electoral local someterá a una gran presión, particularmente, al INE. Independientemente del ganador de la elección presidencial será indispensable realizar la evaluación del sistema electoral y realizar una reforma que termine con los excesos centralistas, que están ocasionando una gran presión sobre las instituciones electorales y pueden llevarlas a colapsarse. Lo cual sería muy grave para el país, porque ellas han sido una garantía de la transmisión legal, legítima y pacífica del poder.

 

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