No, que nadie se equivoque.
La verdadera guerra a muerte, previa a la presidencial de 2018, no se dará en el Estado de México. Tampoco en la búsqueda de las candidaturas presidenciales en el PRI, PAN y PRD.
No, en realidad la “madre de todas las batallas” –que determinará la suerte de partidos y candidatos presidenciales en 2018 y 2024–, se producirá en la renovación del Tribunal Electoral del Poder Judicial, conocido coloquialmente como “Trife” y cuya mudanza está prevista para finales de 2016.
Y es que, como saben, en cuestión de meses comenzará el proceso de renovación del total de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y como otros imaginan, de los equilibrios que se consigan en el nuevo Tribunal Electoral, dependerá la suerte legal de las presidenciales de 2018 y 2024. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral es el encargado de validar, o no, la elección, las sanciones y la legalidad de la misma.
Es decir, que en meses –y según la nueva legislación electoral–, veremos una batalla sin tregua en los terrenos de los poderes Judicial y Legislativo, para llevar a cabo el tortuoso y cansino proceso de renovación del total del Tribunal Electoral.
Y como saben, en este momento la Sala Superior del Tribunal Electoral la ocupan los magistrados: María del Carmen Alanis Figueroa, Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, Salvador Nava Gomar y Esteban Penagos López; quienes están en sus respectivos cargos desde 2006 y fueron electos para una década.
Sin embargo, la nueva Ley Electoral señala que, a partir del siguiente periodo –de 2016 en delante–, el cargo de magistrado del Tribunal Electoral será ocupado por un plazo improrrogable de nueve años.
Dicho de otro modo, que los próximos titulares del Tribunal Electoral estarán en el puesto hasta el 2025, lo que significa que en 2018 y en 2024 tendrán en sus manos la calificación las elecciones presidenciales. De ahí la importancia de la renovación.
Lo interesante es que –según la norma–, todos los aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral son propuestos por la Suprema Corte. Posteriormente, dos terceras partes del Senado, más uno, votaría a favor de los candidatos que considere más capaces para el desempeño del cargo, de entre los propuestos por La Corte.
Sin embargo, en el intríngulis del “toma y daca” entre La Corte y el Senado –entre los poderes Judicial y Legislativo–, veremos una batalla sin cuartel. ¿Por qué?
Porque –por pura casualidad–, los ministros de la Corte y los integrantes de la Judicatura también son “palomeados” por el Senado. ¿Y eso qué significa? Casi nada, que todos deben el cargo a uno o más partidos políticos o grupos de poder.
Y en la designación de los nuevos magistrados al Tribunal Electoral, veremos un carrusel de “lealtades y traiciones”. Es decir, el partido que haya metido más ministros a La Corte podría ser el partido que logre meter más magistrados al Tribunal Electoral y –por tanto–, sería el partido con mayores favores en tiempos electorales.
En pocas palabras; asistiremos a la “realpolitik”. O si se quiere, al reino “del cochupo y la transa”. ¿Quieren un ejemplo del cochinero en el Tribunal Electoral? ¿Saben quién hizo la trampa para regresar el registro al PT? ¡Sí, los magistrados afines al PRI, en el Tribunal Electoral!
Y es que, a querer o no, los magistrados del Tribunal Electoral tienen un “código de barras” que los identifica con el partido que los llevó al cargo. ¿Lo dudan?
Al tiempo.
Tomado de Milenio
