La Constitución de saliva: muchos derechos, pocas obligaciones

El reloj corre. A más tardar, la nueva Constitución de la Ciudad de México deberá estar lista el 31 de enero de 2017. Quedan menos de cuatro meses para la fecha pactada y la Asamblea Constituyente se ha dedicado más a los gritos y sombrerazos que a su labor: legislar. Desde el 20 de septiembre y luego de tres sesiones, lo más que han hecho los asambleístas es nombrar a Alejandro Encinas como presidente de la Mesa Directiva.

Y al parecer hay mucho trabajo por hacer, pues el proyecto elaborado por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y su grupo de redacción —dentro del cual estuvo el propio Encinas— parece más bien una Constitución “de saliva”, es decir, con muchas palabras y muy poco fondo.

Y es que en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se puede leer que los capitalinos serán titulares de derechos de todos los colores y sabores: se habla del derecho a una buena administración pública, del derecho de periodistas de otras entidades a recibir asilo en la capital cuando sean perseguidos por ejercer su libertad de expresión, del derecho a “un nivel de vida adecuado y a la mejora de las condiciones de existencia”, e incluso de los derechos de los vendedores ambulantes y de las personas en situación de calle.

El problema es que, en contraparte, no se establecen los mecanismos para garantizar tales derechos. Y peor aún, son escasas las referencias a las obligaciones de las autoridades para hacer que se cumplan.

Al respecto, el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, y el juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío —consultados por El Financiero— apuntan sobre los peligros de que la nueva Constitución termine por ser un proyecto populista, que genere en la ciudadanía elevadas expectativas que después resulten imposibles de cumplir. Alertan que las autoridades podrían caer en el descrédito y los ciudadanos en el enojo, a lo que es necesario agregar la generación de una mayor desconfianza en las cada vez más desprestigiadas instituciones.

Por ello, si la Asamblea Constituyente no quiere desperdiciar la oportunidad histórica de elaborar una Carta Magna moderna, pero congruente, justa y acorde con las características y necesidades de la capital, deberán trabajar para especificar en la Constitución cómo se van a garantizar estos vagos derechos o, en su caso, elaborar leyes secundarias que regulen los tan variados aspectos que pretenden abordar —propósitos que parecen difíciles de alcanzar antes de la fecha pactada—.

De lo contrario, lo mejor será suprimir promesas populistas.