Si la figura del juicio político funcionara como debe –y tuviera criterios bien definidos–, el presidente Enrique Peña Nieto y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ya habrían sido sancionados por incurrir en faltas durante su encargo. Y es que, según información oficial, Enrique Peña es el político que más demandas de juicio político tiene en su contra –un total de 11-, mientras que sobre Miguel Mancera pesan otras ocho demandas de juicio.
Igual que Peña y Mancera, el ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; los expresidentes panistas Felipe Calderón y Vicente Fox; Guillermo Ortiz Mayagoitia, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República son otros políticos que enfrentan demandas de juicio político.
Y también están aquellos que más allá de enfrentar un juicio político, como el gobernador de Veracruz, Javier Duarte; son quemados en leña verde ante la opinión pública.
Y es que, a falta de criterios bien definidos, las demandas de juicio político suelen utilizarse como venganzas políticas. Es decir, que más que sanciones a los funcionarios y servidores públicos que cometieron alguna falta durante el ejercicio de sus funciones, el juicio político es una medida de presión política.
Evidentemente, no son pocos los funcionarios que han incurrido en faltas graves. Por tal motivo, la Cámara de Diputados –que junto con el Senado es la responsable del procedimiento–, creó esta figura para castigar a los servidores públicos abusivos u omisos.
No obstante, la figura no se utiliza como debe. Y es que si las demandas de juicio político fueran serias, innumerables gobernadores, jefes de gobierno, secretarios de estado y demás políticos habrían sido juzgados.
Las irresponsabilidades en materia de ataques a las instituciones democráticas; a la forma de gobierno; a la libertad de sufragio; por violaciones a las garantías individuales y sociales, por usurpación de atribuciones; por mal manejo de recursos económicos y por infracciones a la Constitución son tan solo algunas acciones que deberían ser castigadas pero es muy difícil que en nuestro país proceda alguna, sin importar el rango del servidor público.
Cabe señalar que el juicio político no procede contra el presidente de la República; sin embargo puede operar la declaración de procedencia, es decir que se le puede exigir responsabilidad penal.
Actualmente hay 337 expedientes en la Cámara de diputados, incluyendo a personajes fallecidos como Juan Camilo Mouriño, Francisco Blake Mora, Juan Molinar Horcasitas y Alonso Lujambio, todos ellos panistas.
Entonces si el juicio político existiera en nuestro país ¿cuántos Ulises Ruiz, cuántos Mario Marín, cuántos Andrés Granier, cuántos Guillermo Padrés, cuántos Andrés Manuel López Obrador enfrentarían un juicio?
