Más de tres meses después de los enfrentamientos registrados el pasado 19 de junio entre integrantes de la CNTE, corporaciones policiales y “otros grupos”, la PGR por fin podrá ingresar al municipio de Asunción Nochixtlán para investigar los acontecimientos que dejaron un saldo de ocho personas muertas y más de 100 heridos.
Sin embargo, estas investigaciones corren el riesgo de ser menos esclarecedoras de lo que podría pensarse. Y es que al parecer, integrantes de la CNTE exigen una “investigación a la carta” a cambio de permitir el acceso de los peritos a Nochixtlán, por lo que —si la PGR cede a sus condiciones— la pesquisa podría resultar sesgada y parcial.
El acuerdo para que los peritos entren a Nochixtlán se concretó luego de que por meses, miembros de la CNTE y pobladores de Nochixtlán impidieron a las autoridades el acceso al lugar. De hecho, la semana pasada las víctimas y algunos integrantes del magisterio imposibilitaron la realización de los peritajes argumentando que habría una investigación sesgada.
Fue este fin de semana cuando el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, acordó entregar a las víctimas una copia del expediente de la investigación a cambio de que se permitiera la realización de los peritajes. Tras la entrega del expediente —concretada el lunes— este jueves los pobladores permitieron el acceso de un grupo de peritos de la PGR encabezados por Jorge Nader Kuri, director general de Control de Averiguaciones previas del organismo.
Sin embargo, la PGR fue recibida por alrededor de 100 integrantes de la sección 22 de la CNTE y del Comité de víctimas de Nochixtlán, quienes —como si tuvieran las atribuciones— afirman que “vigilarán” las tareas de investigación. Además, insisten en que la PGR acuerde con ellos la forma en que se realizarán los peritajes, e incluso afirman que si el trabajo de los peritos no se ajusta a los criterios que ellos consideran adecuados, volverán a impedir las investigaciones.
Entonces, ¿Cederá la PGR a estas exigencias y chantajes en aras de ingresar al lugar de los hechos?
Más allá del evidente riesgo de alteración de evidencias luego de los más de 3 meses en que la PGR no tuvo acceso al lugar de los hechos, está claro que si la Procuraduría accede a investigar bajo las condiciones de la CNTE y del Comité de víctimas, podría incurrir en irregularidades graves.
Lo que la CNTE y el Comité de víctimas plantean es ponerse por encima de la ley. La partes —en este caso, quienes se dicen “víctimas”—no pueden ser jueces, no pueden conducir las indagaciones, y mucho menos pueden determinar —a su conveniencia— qué evidencias considerar y cómo investigarlas. ¿Qué confiabilidad o certeza de imparcialidad podría tener una investigación así?
Y es que, contrario a lo que piensen los miembros de la CNTE y los pobladores de Nochixtlán, la ley no se aplica “a la carta”.
