INEquidad

06-12-2016 02:55 PM

POR MAX CORTÁZAR 

La Comisión de Quejas y Denuncias prohibió al gobernador Rafael Moreno Valle, expresarse frente a los medios de comunicación, sobre los logros de su gobierno o de sus cualidades personales. No sólo eso, en el mismo acuerdo censuró a un medio privado de comunicación, al instruirle retirar una entrevista de la barra de contenidos de su portal electrónico. Entrevista que, por cierto, es igual a cientos disponibles en internet o en otros canales de comunicación, realizadas por periodistas a diversos liderazgos políticos nacionales, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2018.

La autoridad electoral actúa de manera discriminatoria porque pretende imponer un criterio selectivo y sin apego a derecho. Y es que son varios actores políticos (Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, Jaime Rodríguez, Graco Ramírez, Miguel Márquez Márquez, Ivonne Ortega, Pedro Ferriz de Con, entre otros) que han expresado abiertamente sus intenciones de competir por Los Pinos sin ser objeto de los mismos criterios por parte del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, la decisión es contraria a la libertad de expresión porque la resolución se da como consecuencia de una pregunta expresa realizada por un periodista, que cuenta con todo el derecho a entrevistar de manera libre a cualquier ciudadano sobre temas de interés nacional.

Por ello, resulta lamentable que en un contexto social marcado por la creciente exigencia a la rendición de cuentas, como por una mayor cercanía entre gobernantes y ciudadanos, el Instituto Nacional Electoral apueste por la falta de información y coopte la libertad de expresión para nivelar el debate público y según ellos generar “equidad” en una contienda.

Peor aún. La Comisión de Quejas y Denuncias parece demasiada preocupada en censurar una entrevista y en restringir sin sustento legal la libertad del gobernador Moreno Valle y de los medios de comunicación. Sin embargo, de manera increíble, pasa por alto las numerosas ocasiones en las que Andrés Manuel López Obrador ha declarado públicamente que quiere ser candidato presidencial, mientras hace uso de spots en tiempos oficiales para promocionar su imagen. Esto es contrario a la reforma constitucional de 2007, la cual tenía entre sus objetivos que la propaganda no implicara la promoción personalizada. Por ello, resulta inexplicable que Rafael Moreno Valle reciba un incremento inusual de señalamientos del INE sobre actividades por demás cotidianas que competen a su responsabilidad como gobernador de Puebla; mientras que por otro lado, solape que López Obrador violente la ley frente a sus narices día a día.

Esto es muestra de que la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias es contraria a las garantías establecidas en varios tratados internacionales. En este sentido, la libertad de expresión es un eje central en la construcción de la democracia, por ello el artículo sexto de la Constitución mexicana es clara en señalar que la manifestación de las ideas no es objeto de investigación judicial o administrativa.

Rafael Moreno Valle y el Gobierno de Puebla seguirán siendo respetuosos de las instituciones. Sin embargo, por el bien de la democracia, de la libertad de expresión y el respeto a nuestros derechos, confiamos plenamente en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actuará de manera sensata, a partir del recurso de revisión que se interpondrá en contra del acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. De otra forma, si liderazgos políticos, medios de comunicación y ciudadanos permitimos que esto se convierta en una norma, mañana el censurado no será el gobernador de Puebla, sino cualquier otro mexicano.

Columna tomada de Excélsior. 

 

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