Este miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia por el Día de la Bandera. Por primera vez en el sexenio, la celebración tuvo lugar en Iguala, Guerrero; el municipio que sirvió de escenario a la masacre del 26 de septiembre de 2014, donde desaparecieron —y seguramente perdieron la vida— 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En su discurso, el presidente Peña pidió reinventar la imagen de Iguala. O si lo prefiere, advirtió que ese municipio es mucho más que la tragedia de septiembre de 2014.
Sin duda, el mandatario tiene razón. Es probable que algunos no estén de acuerdo con la verdad histórica, otros podrían no sentirse satisfecho con la investigación de la PGR, tal vez haya quienes reniegan del manejo oficial del caso, y están quienes critican con severidad el desempeño de los peritos extranjero. No obstante, lo cierto es que el municipio de Iguala —y sus habitantes—, deben dejar atrás los hechos del 2014.
Eso sí, hacer a un lado no implica olvidar, descuidar o apostar por la impunidad. Simplemente, se trata de permitir que la vida continúe en ese lugar, que los ciudadanos puedan continuar con sus proyectos y planes; que iguala supere el estigma e los 43 y que surjan las oportunidades para que Iguala demuestre que tiene más por ofrecer que violencia, criminales organizados y crímenes sin resolver.
Por donde se vea, la responsabilidad de procesar y superar los hechos de Iguala es un asunto compartido. Le toca a la prensa, a la autoridad, a los habitantes de Iguala, al resto de los guerrerenses y a todos los que insisten en obstaculizar, negar y desestimar cualquier intento por explicar y aclarar lo que ocurrió en ese municipio la noche del 26 de septiembre de 2014.
Por eso, bien por el presidente, bien por el llamado a seguir adelante; ojalá que el exhorto tenga eco.
