El pasado lunes, el periódico español El País publicó una supuesta investigación –hecha por el periodista José María Irujo–, en la que dicen documentar que el gobierno mexicano presionó a sus homólogos españoles para sacar de la cárcel a Humberto Moreira.
El diario asegura que la embajada de México en España se volcó en el caso para apoyar al ex gobernador de Coahuila. Sin embargo, una lectura detenida del texto revela que la investigación carece de sustento y abusa de la subjetividad.
En este espacio no pretendemos ser abogados de nadie y no tenemos relación con el señor Moreira, sin embargo consideramos que el gobierno mexicano simplemente actuó como correspondía. De hecho existen informes y documentos que así lo señalan.
A continuación enlistamos las inconsistencias de la nota de El País:
*El gobierno de Peña Nieto puso a disposición de Moreira todo instrumento diplomático y legal de la embajada de México en España.
*Prestigiosos abogados españoles fueron puestos a disposición de Moreira por funcionarios de la embajada mexicana en Madrid.
El gobierno mexicano –a través de sus embajadas– tiene la obligación de brindar asistencia a los mexicano con problemas legales en el extranjero.
A sí mismo, los consulados son los encargados de brindar atención a los nacionales detenidos en otros países. Es así que estas dependencias controlan la legalidad de los procesos jurídicos. Al menos así lo dicta el protocolo de Protección Consular a los mexicanos en el exterior: “Personal de los Consulados Mexicanos, orienta al detenido sobre su derecho a la permanencia en el país extranjero, si fuera el caso, así como el derecho de que obtener asesoría legal con abogados expertos, a los cuales pueden nombrar sus representantes ante las autoridades respectivas”.
*El País también acusa al gobierno nacional de brindar atención privilegiada a la familia del ex gobernador, la cual durante el proceso legal se hospedó en el hotel Vincci Soho, ubicado a 100 metros de la legación diplomática. Destaca que el hotel tiene acuerdo con la embajada para alojar a autoridades provenientes de México.
Una vez más, el periódico olvida probar que el hospedaje de la familia de Moreira –en el hotel Vincci Soho– corriera por cuenta de los gobiernos mexicano o español.
*El Diario asegura que el 21 de enero pasado, Arely Gómez González –procuradora general de la República–, llamó a su homóloga en España, Consuelo Madrigal, para pedirle que se involucrara en el caso.
Una vez más, al periódico español se le olvida que la PGR está facultada –por medio de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales–, para intervenir y solicitar información sobre casos que involucren a mexicanos.
*Hay más, según El País, La PGR pidió informes detallados sobre la detención, pero la FIscalía española se mantuvo hermética.
Sin embargo, el Diario parece no saber que en un informe de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales se establece que “la procuración de justicia en nuestro país se enfrenta a un fenómeno delincuencial que trasciende las fronteras físicas. En este contexto, se materializó la necesidad de una interacción constante entre los actores del orden internacional mediante una colaboración eficaz y efectiva para resolver los asuntos en los que México está involucrado”.
*A El País le resultó extraño que el cónsul de México en Madrid visitara a Moreira “con celeridad”, dos días después de la detención. Y fue, según el Diario, el propio cónsul quien solicitó los servicios del abogado español Manuel Ollé.
Otra vez, el periódico español parece no recordar que la visita de un cónsul a los detenidos connacionales es normal. Además, El País cuestiona a un servidor público por hacer su trabajo con “celeridad”; ésa sí es nota.
*En el texto del periódico se lee: “Un vehículo con placas diplomáticas recogió al abogado mexicano que llevó el caso de Moreira, Ulricht Richter […] Toda la embajada estuvo volcada en Moreira como nunca había ocurrido con otros detenidos”, afirma una fuente cercana al caso”.
Y aunque El País describe a detalle lo ocurrido, no explica cuál es su fuente, quiénes son sus informantes y qué relevancia y credibilidad tienen sus dichos.
*Finalmente, El País reclama que funcionarios del Consulado mexicano escribieron al Ministerio de Asuntos Exteriores para preguntar por el caso bajo el amparo del artículo 36 de la Convención de Viena.
De nueva cuenta, la petición del informe –como bien se señaló en la “investigación” es legal; el Consulado tiene todo el derecho de pedir información.
Por eso, insistimos, aquí no buscamos lavar el rostro a nadie; simplemente señalamos las obviedades que a los escritores y redactores de El País parecen haber ignorado.
