Graco Ramírez: ¿Su cargo en riesgo por el socavón?

La Otra Opinión |
11-08-2017 06:17 PM

En la repartición de culpas por el socavón en el Paso Express de Cuernavaca --que le costó la vida a dos personas-- uno de los más afectados podría ser Graco Ramírez.

El pasado 4 de agosto, los diputados federales del PRI, Rosalina Mazari Espín y Matías Nazario Morales, presentaron una demanda de juicio político en contra del gobernador de Morelos, quien en el peor de los casos, podría ser destituido e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público.

Pero, ¿Cuál es la responsabilidad real de Graco Ramírez y el gobierno de Morelos en el caso del socavón? ¿Qué tan altas son las posibilidades de que proceda el juicio político en su contra y eventualmente sea destituido?

Para tratar de responder estas interrogantes, La Otra Opinión se dio a la tarea de revisar la demanda de juicio político en la que se acusa al mandatario morelense de cometer “omisiones graves en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de los ciudadanos”, así como “negligencia o falta de auxilio oportuno” a los ciudadanos Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo que fallecieron en el socavón.

Tras un análisis del documento, se encontró que las irregularidades que se le imputan a Ramírez y al gobierno de Morelos pueden clasificarse en dos grandes vertientes: 1) Las negligencias u omisiones en su actuación durante el día de los hechos y 2) La falta de aplicación de las medidas preventivas correspondientes.

 

El día de los hechos

De acuerdo con la información proporcionada en la demanda de juicio político en contra del gobernador de Morelos, el socavón se produjo a las 5:30 horas del pasado 12 de julio, a la altura del kilómetro 96 + 800 del Paso Express.

Las autoridades de Protección Civil del Estado de Morelos fueron informadas a las 5:41 horas, y habrìan arribado al lugar de los hechos a las 5:56. Pero de acuerdo con el testimonio de un ciudadano de nombre Jairo C. Villegas --citado en la demanda--, una vez allí, Protección Civil estatal tardó alrededor de 30 minutos en actuar.

Testigos también relataron que las víctimas del socavón sobrevivieron a la caída de su vehículo, versión que se corrobora en la necropsia, según la cual las muertes se produjeron por asfixia.

Al respecto, en la demanda se afirma que Protección Civil de Morelos pudo hacer más por las víctimas: se detalla que las autoridades estatales no solicitaron el apoyo ni de Protección civil Federal ni del Ejército, y que habría sido posible auxiliar a los heridos ya sea a través de una grúa, un helicóptero o una manguera para suministrarles oxígeno.

Por último, se resalta que ni Graco Ramírez ni algún miembro de su gabinete se apersonaron en la zona a pesar de haber sido informados de la situación a las 6:15 horas. Y es que el gobernador se encontraba en Monterrey atendiendo asuntos de carácter partidista que nada tienen que ver con sus funciones como servidor público.

 

Falta de medidas preventivas

De acuerdo con los informes periciales, una de las principales causas del socavón fue la acumulación de basura en el drenaje que pasa por debajo del Paso Express, lo cual habría causado filtraciones y el reblandecimiento del subsuelo.

Al respecto, la demanda de juicio político contra Ramírez presenta fotografías notariadas de la basura acumulada en el drenaje, y acusa a los gobiernos estatal y municipal de la “deficiente o nula aplicación de basura en época de lluvias.

Asimismo, la demanda recupera una declaración del gobernador quien --en entrevista televisiva-- aseguró que su gobierno ya tenía conocimiento de los riesgos en el lugar donde ocurrió el socavón.

 

¿Culpable?

El sustento de la demanda presentada por el PRI en contra de Ramírez está en la Ley General de Protección Civil, en la cual se establece que los gobernadores tienen como responsabilidad la atención de emergencias y la integración y correcto funcionamiento de los esquemas de protección civil.

En ese sentido, el mandatario y su gabinete sí fueron omisos y negligentes, tanto el día de los hechos como en la aplicación de medidas preventivas. En el primer caso, por no haber actuado con celeridad --Ramírez particularmente por no encontrarse en la entidad y no haberse presentado en el lugar de los hechos a atender la emergencia una vez que fue informado. Y en el segundo, por no haber tomado las medidas que la Ley de Protección Civil le exige, ello en el entendido de que --según él mismo aseguró-- previamente tenía conocimiento de los riesgos.

 

¿En riesgo su cargo?

Pero a pesar de todo, parece muy lejana la posibilidad de que el juicio contra Ramírez derive en su destitución, si es que el Congreso le da entrada.

Bien es cierto que algunas de las pruebas que aporta el PRI consisten en informes técnicos oficiales y documentos certificados ante notario público. Sin embargo, gran parte de las acusaciones se basan en Tweets y publicaciones en Facebook --ya sea de testigos o de funcionarios públicos--, así como notas periodísticas sin valor probatorio.

Por eso, y porque la cadena de responsabilidades comprende a muchos otros actores, lo más probable es que Ramírez conserve su cargo, incluso a pesar de que sí cometió negligencias.

 

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Expediente Político

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