¿Gobernadores corruptos pierden respaldo del PRI?

En las dos semanas más recientes, “los Enriques” –Peña Nieto y Ochoa Reza– anunciaron con bombo y platillo la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y el inicio de una nueva era en el PRI. Así, el partido tricolor intenta construir –desde la Presidencia de la República y desde su dirigencia nacional– una nueva imagen sustentada en la transparencia y el combate a la corrupción.

Sin embargo, revertir la imagen de corrupción que se ha arraigado en la ciudadanía durante años no es cosa sencilla. Aún menos cuando personajes como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge se han empeñado en reforzarla durante sus gubernaturas en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, respectivamente.

Pero al mismo tiempo, también hay priístas que parecen muy cómodos en el “barco de la transparencia y la rendición de cuentas”. Este jueves, por ejemplo, el consejero político del PRI, Armando Barajas, solicitó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria la suspensión de los derechos de militante de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge.

Entre los motivos de su solicitud, Barajas argumentó que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, enfrenta 32 denuncias por la celebración de contratos con empresas fantasma. Sobre César Duarte, gobernador de Chihuahua, mencionó que existen 17 demandas contra su administración por parte de la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades en el manejo de la cuenta pública. En cuanto al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, mencionó que el gobierno federal investiga el paradero de los recursos asignados para la entidad el año pasado.

Y a todo esto, ¿por qué el PRI está tan empeñado en el combate a la corrupción? Si los presuntos actos corruptos de los dos Duarte y de Borge han ocurrido durante toda su gubernatura –así lo ha documentado la prensa–, ¿por qué el partido los denuncia y los persigue hasta ahora? La respuesta es que, en este momento, las principales exigencias de la ciudadanía hacia los gobiernos son la transparencia, la honestidad, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Al PRI le quedan dos años para mostrar que puede tener esas cualidades y posicionarse de forma favorable de cara a 2018.

Así, ya sea por convicción o por estrategia electoral, el PRI da señales de querer limpiar sus filas y su prestigio. En este contexto, los Duarte y Borge –al igual que cualquier otro priísta al que se le destape un escándalo de ésta naturaleza–, podrían perder el respaldo del partido.

Sin embargo, lo anterior no será cosa sencilla en un partido acostumbrado a los compadrazgos y a los encubrimientos. El PRI deberá plantearse seriamente qué hacer con los gobernadores en cuestión. Por lo pronto, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge podrían tener que enfrentar tanto a la justicia ordinaria como a la partidista. En un mundo ideal, los resultados de ambas investigaciones deberían de coincidir. Si el aparato del Sistema Nacional Anticorrupción determina la culpabilidad de los gobernadores, Ochoa Reza debería cumplir su promesa de excluir a cualquier funcionario con antecedentes de corrupción. De lo contrario, podrían continuar con su carrera política sin ningún inconveniente.

¿Las acciones del gobierno federal y el PRI serán congruentes con su discurso? Para saberlo, sólo queda esperar.