Por la mesa editorial del New York Times
Diciembre 4, 2015
Todas las personas respetables sienten pena y enojo justificado frente a la más reciente masacre de inocentes en California. Las agencias de inteligencia y los responsables de mantener el Estado de Derecho investigan los motivos y la respuesta a una pregunta elemental: cómo estos asesinos estarían vinculados al terrorismo internacional. Eso está bien y es adecuado.
Pero los motivos no importan a los muertos en California. Tampoco importaron en Colorado, Oregon, Carolina del Sur, Virginia, Connecticut y muchos otros lugares. La atención y el enojo de los estadounidenses también debería dirigirse a los líderes electos cuya labor es mantenernos a salvo pero, en su lugar, privilegian el dinero y el poder político de una industria dedicada a obtener ganancias con la distribución sin límites de armas de fuego cada vez más poderosas.
Es un agravio moral y una desgracia nacional que civiles puedan comprar —legalmente—, armas diseñadas específicamente para matar personas con una velocidad y eficiencia brutal. Estas son armas de guerra, levemente modificadas y vendidas de forma intencional como herramientas del vigilantismo macho e incluso de la insurrección. Los líderes electos de Estados Unidos rezan por las víctimas de las armas y después, cruelmente y sin miedo a las consecuencias, rechazan las restricciones más elementales a las armas de destrucción masiva, como hicieron el jueves. Nos distraen con sus argumentos sobre el terrorismo. Pero seamos claros: todas estas matanzas son, a su manera, actos de terror.
Quienes se oponen al control de armas dicen, como han dicho después de cada matanza, que ninguna ley puede prevenir con certeza un crimen específico. Y tienen razón. Ellos hablan —muchos con honestidad—, de los retos constitucionales de una regulación de armas efectiva. Esos retos existen. Ellos señalan que algunos asesinos obtuvieron sus armas en lugares como Francia, Inglaterra y Noruega donde existen leyes estrictas de control de armas. Y es cierto.
Pero, al menos, esos países lo están intentando. Los Estados Unidos no lo hacen. Incluso peor, los políticos instigan a posibles asesinos creando un mercado de armas, por su parte los votantes permiten que esos políticos mantengan su empleo. Llegó el momento de dejar de pensar en detener la expansión de armas de fuego. En su lugar, tenemos que reducir su número de forma drástica, es necesario eliminar algunos tipos de armas y de municiones.
No es necesario debatir la redacción de la segunda enmienda. Ningún derecho es limitado o inmune a una regulación razonable.
Algunas armas, como los rifles alterados que se emplearon en California, y algunos tipos de municiones, deben estar prohibidos para los civiles. Es posible identificar estas armas de forma clara y efectiva y, sí, eso requiere que los americanos que poseen esas armas renuncien a ellas por el bien de otros ciudadanos.
¿Y qué mejor momento para mostrar, por fin, que nuestra nación ha alcanzado este nivel de decencia, que durante una elección presidencial?
Esta editorial se publicó en la Primera Plana del 5 de diciembre en la edición impresa del New York Times. Es la primera vez que una editorial aparece en ese espacio desde 1920.
Traducción libre de La Otra Opinión
Tomado del New York Times
