Farsa y engaño del GIEI, ¿hasta cuándo?

Este miércoles, el presidente Enrique Peña –y parte del gabinete federal– visitarán el conflictivo municipio de Iguala, en Guerrero.

Como seguramente sabe, Iguala sirvió de escenario para la masacre de 43 jóvenes que ha diezmado la popularidad del propio presidente Peña y de buena parte de la clase política.

Por eso, todo indica que esta visita dará mucho de qué hablar y reavivará el debate alrededor de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Al respecto, en La Otra Opinión platicamos con la activista Isabel Miranda de Wallace –presidenta de Alto al Secuestro–, quien lamentó que algunas instituciones que ofrecieron coadyuvar en el proceso para deslindar responsabilidades y averiguar qué fue lo que ocurrió en la llamada noche de Iguala, hoy aporten más dudas que certezas.

La señora Wallace habló del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según la activista, las colaboración del GIEI es casi inexistente. Por ejemplo:

Los peritos de la CIDH “revelaron” que el trasiego de droga –a través de la línea de autobuses Costa Line– habría jugado un papel clave en los ocurrido la noche del 26 de septiembre.

Sin embargo, como bien apunta Isabel Miranda, la PGR incluyó en el expediente –desde un principio– los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Además de que la propia línea de autobuses Costa Line negó que sus vehículos lleguen al otro lado de la frontera. En realidad, sólo los camiones Vulcano y Monarca cruzan a Estados Unidos.

Según los peritajes de la CIDH –continuó Wallace–, los 25 policías involucrados en el caso habrían sido absueltos. No obstante, existe una consignación y órdenes de aprehensión –por los delitos de secuestro y delincuencia organizada–, contra todos los policías que tendrían alguna relación con el caso Iguala.

Por lo anterior, Isabel Miranda urgió a los investigadores del GIEI a quitarse las máscaras, a dejar de confundir y a evitar la mentira. Además, la activista advirtió que las acusaciones infundadas de los peritos extranjeros podrían pavimentar la ruta de escape de los implicados en el caso Iguala. ¿Por qué? Porque fortalecen la figura conocida como “duda razonable”. Es decir, que si un puñado de investigadores cuestiona el trabajo de la procuraduría, los abogados de los supuestos responsables podrán hacer lo mismo y conseguir la libertad de sus clientes.

Por eso preguntamos, ¿serán conscientes los expertos del GIEI del tamaño de la irresponsabilidad que cometen?