Estado y Tribunal Electoral, ¿Timoratos ante la Iglesia?

Cuatro meses y medio después de la jornada electoral del pasado 5 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el triunfo de Martín Orozco en Aguascalientes; de Miguel Ángel Yunes, en Veracruz; y  de Alejandro Murat, en Oaxaca, por lo que cada uno podrá tomar posesión como gobernador de su respectiva entidad el próximo 1 de diciembre.

Sin embargo, es de llamar la atención que en dos de las tres elecciones que se mantenían impugnadas, el común denominador fue la intervención de la iglesia católica a favor de los candidatos panistas. Se trata de Veracruz y Aguascalientes, donde el PRI presentó quejas primero ante los tribunales electorales locales y posteriormente ante el órgano local.

En el caso de Veracruz, el TEPJF desechó el argumento de que el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Manuel Suazo Reyes, hubiera tenido injerencia en las elecciones.

Pero en el caso de Aguascalientes hubo mayor polémica. Los seis magistrados coincidieron en que el Obispo José María de la Torre y otros jerarcas católicos violaron la ley electoral y el principio de separación Iglesia-Estado, por lo que “deberán responder ante el sistema jurídico mexicano”.

Cabe recordar que menos de un mes antes de las elecciones, tanto el Obispo De la Torre como otros jerarcas se manifestaron en contra de la iniciativa del presidente Peña a favor del matrimonio igualitario y adopción homoparental, y llamaron a votar “por el candidato que defiende la vida”. Para muchos, estas declaraciones favorecieron al panista Martín Orozco Sandoval y, en consecuencia afectaron a la candidata priista Lorena Martínez.

Sin embargo, cuatro de los seis magistrados del TEPJF consideraron que ello no es motivo suficiente para anular la elección. Argumentaron que no hubo un llamado a votar por un candidato en específico y que el efecto de las declaraciones de los jerarcas “se diluyó” debido a que varios candidatos, y no solo el del PAN, coincidían con el punto de vista de la Iglesia.

En contraste, dos magistrados consideraron que la elección si estuvo condicionada, pues existen videos donde se observa a jerarcas repudiando el voto hacia quienes tienen “una postura ambigua en relación con la vida. Además, mencionaron que la campaña de la Iglesia en contra de la iniciativa de Peña coincidió con una campaña negra en contra de la candidata priista, y que en una entidad donde más del 90 por ciento de la población es católica, ello pudo ser determinante.

Al final, si bien hubo consenso respecto a que los jerarcas violaron la ley, si impuso la decisión de que ello no es motivo de anulación.

Sin embargo, muchos consideran que la campaña en contra de la iniciativa del presidente pudo haber afectado las aspiraciones de la candidata tricolor, por lo que acusan una actitud timorata tanto del Tribunal como del Estado mexicano.