Entre el desfalco de Duarte y los alcaldes rebeldes, Veracruz sufre

La Otra Opinión |
31-10-2016 03:52 PM

El problema de la red de corrupción que articuló Javier Duarte en Veracruz no es que el prófugo gobernador con licencia y otros de sus funcionarios se hayan enriquecido de forma grosera. El problema es que lo que presuntamente se llevaron pertenecía al erario público y estaba destinado a infraestructura, obra pública, sueldos de trabajadores, etc.

La crisis política y económica provocada por el desfalco de Duarte y su huída ya golpearon a los municipios veracruzanos.

Desde el pasado viernes, alrededor de 20 alcaldes mantienen “tomado” el Palacio de Gobierno para exigir al Ejecutivo local interino, Flavino Ríos, que entregue a los municipios recursos por alrededor de 3 mil 300 millones de pesos que se les adeudan como parte del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), el Fondo de Aportaciones Municipales (FAM),el  Fondo de Caminos y Puentes Federales y el  Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Obras (Fortafim), todos ellos provenientes del gobierno federal y que no se entregaron a sus destinatarios.

Por su parte, el gobernador interino, Flavino Ríos ya reconoció la deuda con los alcaldes existe y que, por ello, su protesta es justificada. Sin embargo, argumenta que el estado de Veracruz no cuenta con los recursos necesarios para pagarles, por lo que ya solicitó al gobierno federal 11 mil millones de pesos para cubrir la deuda.

Tal como lo reconoce el propio Flavino Ríos, los alcaldes tienen toda la razón y están en todo su derecho de exigir los recursos que les corresponden y cuya falta mantiene a los municipios en la inoperancia —por ejemplo, al no poder pagar el sueldo de las corporaciones policiales—. Incluso, tienen toda la razón al sospechar del desvío de recursos por parte de la administración estatal, con probados antecedentes de corrupción.

Pero en donde no asiste la razón a los ediles rebeldes es en la forma de protestar. Los alcaldes pertenecen a partidos que tienen representación en el Congreso local y cuentan con las facultades para presionar por el otorgamiento del recurso a los municipios. Si sospechan de la corrupción de Flavino Ríos y su Secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, tienen la facultad de presentar recursos legales en su contra, y cuentan además con asociaciones de alcaldes desde las que podrían presionar de otra forma.

Dicho de otro modo, la “toma” del Palacio de Gobierno y la acampada dentro de las instalaciones lucen más como un acto histriónico de los ediles para sacarle más raja política a la crisis del gobierno priista en Veracruz.

Los 20 alcaldes rebeldes y los legisladores que los acompañan pertenecen a los partidos de oposición en el estado: el PRD, el PAN, el PT y Movimiento Ciudadano. En la toma del Palacio están incluso la Secretaria del PRD, Beatriz Mojica y el senador Fernando Yunes Márquez, hijo del próximo gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares.

Es cierto, el desfalco a Veracruz es indignante, los recursos faltantes son necesarios y los alcaldes están en su derecho de protestar. Pero, ¿Para qué tomar el Palacio de Gobierno cuando hay instituciones y procedimientos pertinentes para reclamar el pago?

Por lo pronto, a Flavino Ríos le queda un mes como gobernador interino, y sin un rescate del gobierno federal, es imposible que solucione la crisis. Y entre un gobierno estatal desfalcado y varios alcaldes que prefieren protestar y descuidar sus municipios, Veracruz se mantiene en la inoperancia.

 

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