La reunión de autoridades mexicanas y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington fue un paso en la dirección correcta para politizar el caso Iguala y que nunca se conozca la verdad.
Convirtieron una investigación criminal que estaba prácticamente resuelta, en un asunto político transexenal que se va a ir enredando en lugar de destrabarse.
¿Por qué darle largas? Quién sabe. Si ahora hay sectores considerables de la población que no le creen nada a las autoridades, tampoco le van a creer en el futuro.
Y no van a quedar bien librados porque se han puesto en manos de organismos internacionales donde hay intereses de personajes ligados con grupos políticos en México.
Las investigaciones estaban a cargo, como debía ser, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), pero el gobierno mexicano aceptó ayer en Washington quitarle el caso para entregárselo a la subprocuraduría de Derechos Humanos.
Con ello se archivan las investigaciones realizadas hasta ahora, pues no cabe el concepto de delincuencia organizada en algo que se investiga desde la óptica de los derechos humanos.
Si se trata de violación a los derechos humanos y no de delincuencia organizada, entonces lo ocurrido en Iguala fue culpa y responsabilidad del Estado.
Sólo el Estado puede violar los derechos humanos, pues los agravios cometidos por particulares son únicamente eso: delitos.
Con la marginación de la SEIDO se descalifica su actuación, y por tanto, tarde o temprano van a comenzar a salir libres los responsables confesos y los autores intelectuales del crimen de los 43 normalistas.
El gobierno mexicano sabe quiénes los mataron, porque están confesos.
También sabe quiénes ordenaron la masacre, porque están confesos y delatados por los autores materiales del secuestro y crimen de los 43.
Sabe el gobierno quiénes fueron los que dieron la orden para detener a como diera lugar a los estudiantes: los Abarca.
Y sabe de los vínculos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa con el ERPI y con el cartel de Los Rojos.
Todo lo anterior se ha archivado para que la subprocuraduría de Derechos Humanos, junto con el grupo de expertos de la CIDH, inicien una investigación de cero partiendo de premisas inadmisibles en una investigación, impuestas por la CIDH.
Esas premisas son que entre los normalistas y sus líderes no había personas ligadas al crimen organizado. Que la señora Pineda de Abarca (jefa política de Guerreros Unidos, donde estaban sus hermanos, ejecutados, y sus padres, presos desde hace años) no tuvo nada que ver en los crímenes de esa noche. Que los resultados de las investigaciones serán secretos hasta consensar con los “familiares” de los 43, es decir, con sus abogados y representantes que los manipulan.
Twitter: @PabloHiriart
TOMADO DE EL FINANCIERO
