Los pobladores y la presidenta del Comité de Víctimas Por Justicia y Dignidad de Nochixtlán, Juana Ramón Solís, impidieron que peritos y funcionarios de la Procuraduría General de la República continuarán con la investigación sobre el enfrentamiento entre policías y simpatizantes de la CNTE, en el que fallecieron ocho personas, el pasado 19 de junio.
Argumentaron que las autoridades federales no quisieron reanudar el diálogo con los familiares de las víctimas y que además arribaron al lugar con prepotencia y pretendiendo modificar las evidencias.
Por otra parte, solicitaron que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Roberto Campa Cifrián, restablezca el diálogo, o de lo contrario seguirán obstaculizando la investigación.
En La Otra Opinión consideramos que no debemos permitir que otra vez la autoridad pierda el poder ante la determinación de unos cuantos, como generalmente ocurre en temas relacionados con la CNTE.
Las investigaciones que esclarezcan los hechos deben realizarse y a el que lo impida debería ser juzgado ante la ley como corresponde, pues no es posible que por querer sacar raja política u obtener otra clase de beneficios, se perjudique un caso que debe ser aclarado todavía.
