La imagen que acompaña esta nota nos recuerda al alcalde asesinado de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González, quien murió linchado a manos de ciudadanos, el 23 de julio de este año.
El caso del edil fallecido no es el único en su clase –es decir, un funcionario ejecutado cuando estaba en funciones, o un político que estaba a punto de servir a la sociedad– que se ha cometido en México en las últimas décadas, pero sin duda es uno de los más alarmantes debido a la crudeza con que los ciudadanos cometieron el crimen.
Otro suceso similar ocurrió el 24 de febrero del año en curso, en San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco, cuando el supervisor de la policía del municipio, Francisco Javier Rodríguez Alejo, fue emboscado en compañía de sus dos escoltas. De acuerdo con las versiones el crimen fue una venganza de un grupo de narcotraficantes.
Por otro lado, en 2014, el 24 de julio, murió en una emboscada el subdirector de Levantamientos de Catastro de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, José Ramón Fontanet, quien circulaba sobre la calle Patricio Sanz, en la delegación Benito Juárez cuando fue ultimado. Se dice que los responsables fueron sicarios a sueldo.
En 2010, en Chihuahua fue ejecutada Marisela Escobedo, una madre que buscaba justicia para su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, víctima de feminicidio. Durante dos años, la mujer se convirtió en activista por las mujeres asesinadas en el estado. Sin embargo, la noche del 16 de diciembre de 2010 fue muerta frente al edificio del palacio de gobierno, donde había instalado un campamento de protesta.
Otro caso que vale la pena recordar ocurrió la tarde del 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, cuando Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México por el PRI, fue ejecutado por un asesino a sueldo al término de un mitin
Los crímenes señalados anteriormente tienen un punto en común, y es que los ejecutados buscaban en cierta forma la aplicación de la justicia en diferentes ámbitos, tal como también lo hacía el juez Vicente Bermúdez Zacarías, quien fue ejecutado el pasado lunes, en el municipio de Metepec, Estado de México.
A propósito del caso, el ombudsman nacional, Luis Raúl González, propuso que se revise la instauración de los jueces sin rostro, con el fin de cuidar la identidad de aquellos que se dedican a impartir justicia, sobre todo en asuntos delicados como los relacionados con el narcotráfico.
Sin embargo, los analistas y expertos han señalado que la creación de una figura como el juez sin rostro sería reconocer que la justicia por la tanto se ha peleado, ha sido un fracaso.
