Imagine el siguiente escenario: son elecciones en su municipio o delegación y usted junto con otros ciudadanos deciden hacer una página de Facebook -como estrategia para que gane el candidato que apoya-, y para “pegarle” al alcalde que se quiere reelegir, utilizando sus fallos en el cargo para quitarle preferencias.
Después de que esa página tiene éxito, el político decide demandarlos argumentando que los ataques eran directos y, después de un largo proceso judicial, la Suprema Corte decide que no solo su página será bloqueada sino todo Facebook en el país.
El caso trasciende las fronteras y luego de otros ejemplos similares, los ciudadanos en su país empiezan a preocuparse si no se trata de un intento de censura por parte de los políticos, que no pueden contener las campañas negras en redes sociales, porque no existe una regulación en torno a ellas.
Pues eso mismo ha estado sucediendo en Brasil, donde un alcalde demandó a una página que provocó el bloqueo nacional de esa red social. Después, una presentadora de televisión tuvo que pagar dinero por publicar en su cuenta de Instagram una foto de otro político con la leyenda de corrupto.
Después de estos dos ejemplos, vale preguntar si en nuestro país no valoramos la libertad de expresión con la que contamos, ya que somos libres de criticar -compartiendo fotos y videos- al político que no nos cae bien o con el que no compartimos ideología.
Debemos ser responsables como usuarios de redes sociales y de internet y no replicar mensajes de odio o amenazas en contra de candidatos, pero luego de ver el caso brasileño también hay que valorar la sociedad democrática en la que vivimos, donde expresarnos en redes sociales aún puede hacerse sin que un político pueda demandarnos y consiga con esto que las redes sean bloqueadas a nivel nacional.
