En días pasados, el comité editorial del periódico New York Times firmó un texto en donde se cuestiona con severidad al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Grosso modo, el Diario norteamericano cuestiona la respuesta del gobierno federal a la investigación de la llamada “Casa Blanca”, pone en duda las versiones que explican la fuga de Joaquín, el Chapo, Guzmán; y reniega de las pesquisas con motivo del asesinato de 43 normalistas en Guerrero.
Evidentemente, el periódico neoyorquino tiene todo el derecho de cuestionar, criticar y exhibir al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Evidentemente, el autor de un editorial –como la del New York Times–, tiene absoluta libertad para elegir los temas de análisis y definir la línea editorial.
Evidentemente, las opiniones de un editorial –como todas las opiniones– son subjetivas y parciales.
Sin embargo, no está de más preguntar, ¿a qué obedece el repentino interés que muestra el periódico hacia nuestro país? ¿tiene alguna relación con la figura de Carlos Slim? ¿será que el magnate, quien hace meses se convirtió en socio mayoritario del Diario, lo utiliza como un instrumento en contra del gobierno de Enrique Peña?
No está de más señalar que Slim es uno de los más afectados por el programa de reformas del presidente Peña. Acaso por eso, la relación entre ambos no es la más cordial. En esta lógica, vale la pena reflexionar, ¿será que este editorial es parte de una ofensiva –de alcance internacional–, contra el gobierno de Enrique Peña Nieto?
A propósito, es importante hacer una precisión: contrario a lo que algunos dicen, los cuestionamientos, los reclamos y las dudas que plantea el New York Times no golpean directamente al presidente Peña. Al menos no todos.
Por ejemplo, cuando se cuestiona la fuga de Joaquín, el Chapo, Guzmán; el reclamo debe ir para todo el sistema penitenciario, para los impartidores de justicia y para todos los que no hicieron su trabajo y permitieron que el narcotraficante escapara de una prisión de máxima seguridad por segunda ocasión.
Caso similar es el reclamo del Diario a propósito de la investigación por el caso Iguala. Como aquí hemos dicho en repetidas ocasiones, la responsabilidad por el crimen de los 43 no es del gobierno federal sino de la indolencia, la colusión y la ineficacia de los gobiernos municipales y del estatal.
Pero hay más.
Al cuestionar la respuesta del gobierno federal a la investigación de la “Casa Blanca”, el New York Times olvida que el conflicto de interés no estaba regulado en México. Es decir, que de acuerdo al marco legal vigente, el mandatario no cometió un delito. En efecto, la transacción puede ser poco ética o inmoral; no obstante, no es un movimiento ilegal.
De igual manera, el nombramiento de Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública y el desarrollo de la investigación transcurrieron dentro del margen legal. Si hubo alguna falla o inconsistencia es responsabilidad de la ley vigente. Cualquier cambio, adecuación o corrección debió hacerla el poder legislativo. ¿Dónde están los cuestionamientos para el Congreso?
Finalmente, el editorial sugiere que el trabajo periodístico de quienes exhibieron la “Casa Blanca” les costó el empleo. Y puede que tengan razón. No obstante, lo cierto es que el Estado no despidió a nadie. El cese en la relación laboral obedece a un acuerdo entre particulares y a una decisión empresarial. Nada más.
En lo que toca a las dudas que plantea el New York Times a propósito de la segunda fuga de El Chapo, el Diario sostiene que el gobierno mexicano negó que el narcotraficante recibiera ayuda del personal de la prisión y argumenta que el Estado no ha ofrecido una explicación convincente de lo ocurrido.
Sin embargo, desde le fuga del narcotraficante, el gobierno mexicano ha detenido a funcionarios de todos los niveles de gobierno, incluso a trabajadores del penal. ¿Cómo empata eso con la versión de que el Estado niega que el personal de la prisión apoyó al Chapo? Más aun, ¿de dónde concluye el New York Times que no existe una versión convincente de la fuga del Chapo? Desde el día posterior a la fuga, el gobierno federal ha sido consistente con sus explicaciones y no hay una sola evidencia sólida que deje ver que las cosas ocurrieron de otro modo.
Y para concluir, los argumentos que emplea el New York Times para poner en duda la llamada “verdad histórica” de la PGR sobre el caso Iguala, son las mismas que han sido exhibidas como versiones envenenadas que pretenden desestabilizar al gobierno de Peña.
En repetidas ocasiones, en éste y otros medios hemos documentado cómo, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se orquesta una venganza en contra del gobierno federal. Además, expusimos cómo el titular de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, habría caído en un severo conflicto de interés cuando ordenó y participó en las investigaciones del caso.
En pocas palabras, el New York Times prestó oídos y entregó altavoces a los malquerientes del presidente. Los mismos que, con verdades a medias, intentan golpear a titular del gobierno federal.
¿Cómo entender esta editorial? ¿qué significa que uno de los Diarios más importantes del mundo reproduzca las versiones de quienes, de forma abierta, han mostrado su animadversión hacia el presidente de la República y su gobierno. ¿Será, como se dijo, que el socio mayoritario del NYT utiliza su medio para lesionar la imagen y la credibilidad de Peña? ¿será, acaso, que Carlos Slim intenta derribar a Peña a través del New York Times?
A continuación reproducimos la versión en español del editorial del NYT:
Las respuestas que Peña Nieto no le da a México
Como candidato a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto usó el título de su libro “México, la gran esperanza” para explicar qué tipo de nación quería construir. Pero después de tres años en el cargo, parece bastante probable que será recordado más como un jefe de gobierno que evitó rendir cuentas que como el líder transformador que muchos mexicanos creyeron haber elegido.
Durante su administración, el gobierno mexicano ha tratado de lavarle la cara a varias verdades incómodas y ha minimizado más de un escándalo.
Cuando periodistas mexicanos revelaron que un contratista del gobierno había puesto una casa de lujo a disposición de Peña Nieto y su esposa, el Presidente le encargó la investigación a un amigo cercano. Nadie se sorprendió cuando esa investigación no encontró pruebas de ningún comportamiento indebido por parte del presidente. Los periodistas, que hicieron un trabajo meticuloso e impecable, se quedaron sin empleo.
Cuando el capo del narcotráfico más poderoso del país, Joaquín Guzmán Loera, escapó de prisión en julio muchos mexicanos mostraron su escepticismo frente a la versión oficial, tal vez porque se trataba de la segunda vez que escapaba de prisión. El gobierno ha mantenido que Guzmán huyó a través de un túnel que él y sus cómplices excavaron sin que los guardias lo advirtieran, y descartó la posibilidad de que recibieran ayuda desde el interior del penal. Algunos funcionarios fueron detenidos tras la fuga pero el gobierno aún no ha dado una explicación convincente de lo sucedido.
Más preocupante aún es el intento, a todas luces torpe, de investigar la desaparición de 43 estudiantes en Septiembre de 2014 que, según todos los indicios, fueron masacrados en el estado de Guerrero. El gobierno sostuvo que los estudiantes fueron asesinados e incinerados por miembros de un cártel de la droga. Pero en septiembre de este año, un informe preliminar elaborado por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de imágenes de satélite, afirmó que era poco probable que los cuerpos hayan sido incinerados.
Y el hecho de que el gobierno haya negado la petición recurrente para que investigadores internacionales entrevisten a los militares en el lugar de la desaparición no ha servido más que para alimentar el escepticismo de la ciudadanía.
Aún no es demasiado tarde para que el gobierno reconozca que su investigación ha fracasado y les de a los investigadores internacionales acceso a los funcionarios gubernamentales implicados. Quizás, a estas alturas, ni siquiera eso pueda salvar la reputación de Enrique Peña Nieto. Pero es lo mínimo que debe hacer por las víctimas de una de las mayores y más atroces violaciones a los Derechos Humanos en la historia mexicana reciente.
Tomado de The New York Times
