El “Frente Amplio Chantajista” tiene secuestrada la Cámara de Diputados

La Otra Opinión |
05-09-2017 02:44 PM

La mañana de este martes, los presidentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya y del PRD, Alejandra Barrales, así como el Coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, presentaron con bombo y platillo el “Frente Ciudadano por México”, nueva marca de la gran alianza electoral otrora motejada como “Frente Amplio Democrático”.

Lo cierto es que lo que hicieron hoy los tres dirigentes fue más bien un golpe mediático. Sólo firmaron y entregaron ante el INE de una carta de intención, pero el Frente no podrá ser registrado formalmente sino hasta a partir del 10 de septiembre --y a más tardar hasta el 17 de noviembre--.

Sin embargo, la falta de un registro formal no ha impedido que esta alianza ya opere en los hechos: son precisamente las bancadas del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano las que en este momento tienen literalmente secuestrada a la Cámara de Diputados.

Dichos grupos parlamentarios se niegan a destrabar la elección de la Mesa Directiva de la cámara baja --que corresponde al PRI-- a menos de que en el Senado se vote en contra de la minuta para aprobar el “pase automático” del Procurador, Raúl Cervantes, a la Fiscalía General de la República.

En suma, el llamado “Frente Ciudadano por México” --que por ahora, de “ciudadano” no tiene nada-- nace más bien como un “Frente chantajista” o “Frente secuestrador”: su rehén es la Cámara de diputados, y a cambio de liberarla exigen que se elimine el “pase automático” del Procurador, lo cual no tiene nada de “democrático”.

Si el recién nacido Frente fuera democrático, entendería que la aprobación o el rechazo del Fiscal corresponde únicamente al Senado; que nada tiene que ver con la designación del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; y que en una democracia no se puede solucionar un conflicto chantajeando a una institución --el Senado-- secuestrando otra institución --la Cámara de Diputados--.

Y es que más allá de las formas, el secuestro perpetrado por PAN, PRD y MC --e instigado principalmente por el líder de los azules, Ricardo Anaya-- pone en riesgo la gobernabilidad del país entero, pues si no se renueva la Mesa Directiva,  la Cámara de Diputados quedaría paralizada.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17, “La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura [en este caso se trata del tercero], se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda”. Es decir que la elección debió haberse llevado a cabo el pasado 31 de agosto.

Como no ocurrió así, la misma ley y el mismo artículo contemplan que “Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios”.

Es decir que el plazo para que se instale la Mesa Directiva vence hoy a la media noche. Y de ninguna manera sería posible que la actual presidenta del organismo, la panista Guadalupe Murguía, se mantenga en el cargo, pues la ley establece que “los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año”. Murguía ya sobrepasó dicho plazo, y aunque legalmente tendría oportunidad de buscar la reelección, para que ello ocurra tendría que contar con el voto de dos terceras partes de los diputados.

Dicho de otro modo, si --como lo ha expresado Marko Cortés-- el PAN pretende que Murguía se mantenga al frente de la Cámara sólo porque no hubo acuerdo para renovar la Mesa Directiva, estaría perpetrando un “golpe legislativo”, pues en realidad la ley no contempla el supuesto de qué hacer en caso de que esta medianoche no haya un acuerdo.

Y si no hay un presidente de la Mesa Directiva, la Cámara de Diputados no puede sesionar, y mucho menos atender asuntos prioritarios para la gobernabilidad del país, como la discusión sobre el paquete económico para 2018.

¿Estarán dispuestos Anaya y sus nuevos aliados del Frente a llegar hasta esas consecuencias sólo por tomar el tema de la Fiscalía como bandera político-electoral?

 

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