Nadie, con un mínimo de sensatez, podría cuestionar derechos civiles como la manifestación de ideas y la protesta. Son derechos garantizados por la Constitución y derechos naturales.
Sin embargo, con la misma sensatez y a partir del espíritu constitucional podemos colegir que un derecho individual no puede estar por encima del derecho de terceros; no puede aplastar los derechos de la mayoría.
Es decir, según la Constitución, toda manifestación de las ideas –a través de marchas, plantones, bloqueos y mítines–, tienen razón de ser –en tanto garantías constitucionales–, sí y sólo sí, no dañan el derecho de terceros; libre tránsito, comercio, libre albedrio y, sobre todo, libre desplazamiento por calles y autopistas de todo el país.
Y si aún no queda claro, el párrafo primero del artículo 6º constitucional lo aclara. Dice a la letra: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público…”.
¿Qué es lo que todos los días, durante años, realizan la CNTE, el SME, Los 400 Pueblos, Antorcha Campesina, organizaciones campesinas que ayer provocaron caos total en la Ciudad de México; qué es lo que hacen todos los días vividores de la protesta –como los defensores de “los 43”–, y los dueños de la insutria de la marcha y el plantón?
Lo que hacen –como queda claro–, es violentar el párrafo primero del artículo 6º constitucional. Y es que no sólo ejercen su derecho y libertad de manifestar sus ideas, sino que atacan la vida privada de miles de personas al bloquear su movilidad, al impedir que lleguen a sus trabajos, que ejercer sus actividades y que viajen por los lugares que les plazca.
Además, cuando la CNTE y otras mafias de la rentable industria de la manifestación, la protesta, el plantón y el bloqueo, cierran el paso a una calle, carretera, escuela, avenida, aeropuerto o centro comercial, lesionan los derechos de terceros. Y cuando la CNTE cierra una autopista, puerto o aeropuerto y cuando quema camiones o instalaciones privadas y públicas, está perturbando el orden público y cometiendo delitos.
Y si las conductas anteriores –todas cometidas por mafiosos de la CNTE y por las llamadas “organizaciones civiles”–, violentan el párrafo primero del artículo 6º constitucional, la pregunta resultante es elemental.
¿Por qué ninguna autoridad respeta y hace respetar el mandato constitucional, violentado cotidianamente por la CNTE y casi todas las organizaciones que se manifiestan? La respuesta todos la conocen.
Porque cuando la policía municipal, estatal o federal no detiene a los infractores que al mismo tiempo se manifiestan, asistimos al fracaso del Estado de derecho y al fracaso de la aplicación de la justicia. Cuando una procuraduría estatal o la PGR son omisas ante ataques a la paz pública, daño a instalaciones estratégicas, autopistas, aeropuertos y depósitos de combustible, asistimos al fracaso de la ley. Cuando la Policía Federal es omisa ante manifestantes que extorsionan en casetas de peaje, queman o secuestran camiones de servicio público o privado, asistimos al triunfo de la impunidad y al fracaso de la justicia. Cuando miles de maestros dejan si escuela a millones de niños cada año en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la CDMX y nadie los castiga, vemos el fracaso de la democracia y la victoria del encubrimiento. Cuando los partidos políticos son ciegos y sordos a esas violaciones, son testigos del fracaso del sistema de partidos y cuando la Suprema Corte y sus ministros no entienden el México real, atizan el fracaso del Poder Judicial.
Y cuando a nadie importa el 6º constitucional, vemos el fracaso institucional. ¡El fracaso!
Al tiempo.
