Algo muy grave ocurre cuando el Estado toma decisiones para complacer a un grupo de tramposos.
Y es que, de forma repentina, el senador Raúl Cervantes anunció que volvería a su escaño en el Senado de la República.
Es decir, que el legislador abandonó la intención de ocupar un asiento en el Pleno de la Corte.
Sin duda, es saludable que los procesos para nombrar a los ministros de la Suprema Corte sean sensibles al reclamo social.
Sin duda, habría sido cuestionable que un político –como Cervantes–, se convirtiera en ministro por su militancia partidista y no por ser el mejor candidato.
Y sin duda, es un triunfo social que el activismo y la presión rompan los acuerdos políticos fabricados “en lo oscurito”.
Sin embargo, también es cierto que el Estado no puede responder a los caprichos de unos cuantos. En especial, cuando estos vividores del reflector y de la protesta responden a una agenda propia.
En otras palabras , que en los hechos, la caída de Raúl Cervantes fue una victoria de quienes pedían que el presidente no enviara sus cuotas a la Corte pero que, al mismo tiempo, impulsaban sus propias cuotas y cuates.
En estos casos, la aparente sensibilidad del gobierno se percibe como debilidad. Y entonces, la pregunta sería, ¿el gobierno federal se convirtió en rehén de las redes?
En entrevista para La Otra Opinión, el analista Ricardo Pascoe señaló que el debate por el acomodo en la Corte se convirtió en una discusión para definir el cuate de quién –y qué cuate–, llegaba al Pleno de la SCJN.
Es decir, que nadie nunca cuestionó el método de elección de los ministros, tampoco se sancionaron los vicios del proceso y mucho menos se elevaron los estándares que debe cumplir un aspirante a ministro. No. En realidad, lo único que se habría hecho es debatir y discutir para determinar si llegaba un cuate del presidente o un cuate de los detractores del presidente.
La negociación anterior, concluyó Pascoe, habría ocurrido en medio de un sistema en crisis de legitimidad, un sistema endeble y un sistema en que factores como las redes sociales pueden incidir y sabotear con facilidad cualquier esfuerzo realizado desde el Estado.
Y eso debe cuestionarse.
