El delegado que despreció a la Corte

Jorge Fernández Menéndez |
09-11-2017 07:32 AM

No importan las leyes, importa el poder, decíamos hace unos días en este espacio, recordando el caso de Santiago Nieto. Y cada día esa afirmación obtiene una nueva confirmación de parte de políticos y partidos que creen que las leyes son de aplicación condicionada, opcional. Decía
Benito Juárez, en una de sus frases menos afortunadas, que “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas”, con la diferencia de que ahora algunos ni siquiera quieren esa “justicia con gracia” de la que hablaba el oaxaqueño. Lo que se quiere es impunidad a secas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación destituyó y ordenó la consignación ante un juez federal, del jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, y de su antecesor, José Manuel Ballesteros López, actualmente diputado local, por desacato a una sentencia judicial emitida desde enero del 2013 que les ordenaba reinstalar a cuatro trabajadores de la demarcación que se habían amparado ante su despido.

En la resolución de la Corte se insiste en que tanto la Sala responsable como el juez de distrito, exigieron en diversas ocasiones, a ambos jefes delegacionales, el acatamiento del fallo, sin que, a casi tres años después de que el mismo causó ejecutoria y se le requiriera por primera vez a las autoridades delegaciones su cumplimiento, se haya realizado acción alguna en ese sentido.

En cuanto se supo de la destitución del delegado se levantaron voces, como la de la presidenta del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, que se preguntaban “cómo se podía destituir a alguien elegido por los votos por una falta administrativa”. Se equivocan: no lo destituyeron por una falta administrativa, sino por el desacato, suyo y de su antecesor, a una orden de la Suprema Corte.

Los políticos no están por encima de la ley, hayan sido elegidos por voto popular o no para sus cargos. Resulta inconcebible que durante años, ambos delegados, simplemente, no cumplieran con una orden de la Suprema Corte. Se podrá decir que se trata de algo menor, casi intrascendente: la reinstalación de cuatro empleados, pero lo deja de ser cuando una demanda de este tipo llega hasta la Suprema Corte. Simplemente los dos delegados, el actual y el anterior, mandaron al diablo nada menos que a la Suprema Corte de Justicia. Alguien le tiene que explicar a ellos y a sus defensores, que eso es ilegal y que las sentencias de la Corte son inapelables.

Esta resolución recuerda otro desacato, que quedó impune: el de Andrés
Manuel López Obrador
 cuando era jefe de Gobierno y que en el 2005 estuvo a punto de ser desaforado, también por desacatar una orden de la Suprema Corte de Justicia por un caso, también, aparentemente menor: la reiterada negativa de pagar una indemnización a un particular por haber utilizado su terreno para hacer un camino local. En aquella ocasión López Obrador utilizó el desafuero
para presionar y fortalecer su candidatura presidencial. El desacato quedó impune.

Uno se pregunta qué les cuesta, a éstos y otros políticos acatar las resoluciones del principal tribunal de la nación. ¿Tan grande es el desprecio por la ley y las instituciones que ni las órdenes de la Corte son acatadas?

Creo que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no puede ser acusada de partidista, es ejemplar y debería serlo para todos los funcionarios. Si se violan las leyes y se ignora la justicia (y sabemos que nuestra justicia tiene muchas carencias, que muchos jueces y tribunales pueden doblegarse ante la corrupción o la presión, que la Suprema Corte es falible, pero que es una instancia respetada y respetable), si las autoridades no comienzan por hacer caso a las más altas instancias de justicia de la Nación en temas menores, como lo es pagar una indemnización o reinstalar a cuatro trabajadores, ¿cómo podemos esperar que ante los grandes temas, ante la lucha real por el poder, político o económico, lo hagan?

No es casualidad que la caída del delegado haya sido coincidente con un episodio vergonzoso en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Cuando estaba a votación una propuesta, que tenía garantizada mayoría plural, para financiar la compra de un equipo que permitirá transformar desechos en energía para la ciudad, la diputada por Morena, Minerva Citlalli Hernández (famosa por su agresividad y porque dos muy cercanos colaboradores suyos durante un asalto degollaron a un niño) la agarró a rasguñones y mordiscos contra una diputada del Partido de la Revolución Democrática. La gresca se generalizó y terminó con golpes e insultos. Horas después, todos los demás partidos destituyeron a la presidenta de la Mesa Directiva, la morenista Flor Ivone Morales, por haber apoyado a los agresores y no haber preservado el orden en la sesión.

Los asambleístas de Morena dicen ahora que impedirán, tomando la tribuna y llevando con ellos, incluso, a López Obrador, que se apruebe el presupuesto de un programa estratégico para la ciudad como lo es el de la disposición y utilización de la basura. Violan la ley y destruyen instituciones. No importa, lo que importa es el poder.

 

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